La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional advirtió, el lunes 10 de junio, con iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Estado Sade Fritschi, Mónica Palencia, Gian Carlo Loffredo y Niels Olsen al no comparecer por cuarta ocasión ante la mesa legislativa para informar sobre los detalles del proyecto inmobiliario Echo Olón 1, que se pretendía construir en el área protegida del bosque de la comuna Olón, provincia de Santa Elena.

“A pesar de este cuarto llamado, las y los ministros involucrados una vez más han incumplido sus responsabilidades, faltando a la ley, la Constitución y al pueblo ecuatoriano”, indicó la Comisión en un comunicado.

“Debido a esta grave y reiterada falta, hemos resuelto incorporar este incumplimiento en el informe de fiscalización de esta comisión”, agrega.

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La Comisión, presidida por la legisladora de la Revolución Ciudadana Victoria Desintonio, indicó que resolvió notificar a la presidencia de la Asamblea Nacional que se aplique el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con el objetivo de que los legisladores puedan presentar formalmente el inicio del proceso de juicio político a los ministros de Estado mencionados.

Asimismo, subrayó que todas las autoridades y servidores públicos están obligados a cumplir la ley y la Constitución, y, sobre todo, garantizar transparencia en todos los actos de la administración pública.

El pasado 28 de mayo, ante el pleno de la Asamblea Nacional, Fritschi dio explicaciones sobre la actuación de la cartera de Estado respecto del proyecto urbanístico Echo Olón que la empresa Vinazin, de la cual es accionista la primera dama, Lavinia Valbonesi, pretendía construir en el esterillo Oloncito.

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La comparecencia de Fritschi duró alrededor de 20 minutos y se marchó sin responder los comentarios y preguntas de los asambleístas.

Señaló que el ministerio ha sido objeto de campañas de desinformación e incluso de calumnia. En ese sentido, aseveró que detrás de ello están personas con intereses políticos y económicos cuyo propósito es “desestabilizar” la gestión del Ministerio del Ambiente.

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Las labores del proyecto de construcción quedaron suspendidas, según anunció el pasado 11 de mayo la empresa Vinazin S. A. (I)