El Comité de Ética calificó 28 pruebas de cargo y de descargo dentro del proceso de investigación que se sigue en contra de la asambleísta Guadalupe Llori, acusada por la legisladora Johanna Ortiz (UNES) de beneficiarse de diezmos que supuestamente eran pagados por sus colaboradores mientras ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional.

Ortiz acusa a Llori de haber incurrido en una de las prohibiciones que contempla el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los que correspondan a la función de legislador, esto incluye comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo.

Aplazan calificación de pruebas sobre la denuncia presentada en contra de Guadalupe Llori por supuesto beneficio de diezmos

Según la denuncia, Llori habría recibido aportes y contribuciones por parte de exfuncionarios y una actual funcionaria para su beneficio, quienes habrían pagado más de $ 700 mensuales por concepto de alquiler de un vehículo para su movilización

Calificadas las pruebas, se abrirá la etapa de práctica y comparecencias de los testigos e involucrados en la denuncia, pero esta se iniciará el próximo 7 de noviembre, según el presidente del Comité, José Chimbo, es decir, luego del feriado por los difuntos. En esa reunión tanto la acusada como la legisladora que hizo la denuncia deberán presentar las pruebas de cargo y de descargo.

Entre las pruebas calificadas para este proceso de juzgamiento constan pedidos sobre certificaciones de los vehículos y conductores asignados a Guadalupe Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea.

Igualmente, solicitarán las bitácoras del ingreso de vehículos al búnker de la Presidencia de la Asamblea, distributivo del personal legislativo desde mayo 2021 a mayo de 2022, videos de las cámaras de seguridad del parqueadero legislativo.

Igualmente, tendrán que rendir testimonio el legislador de Sucumbíos Augusto Guamán, tres exfuncionarios que trabajaban con Llori y una servidora legislativa que al momento presta sus servicios en el Parlamento.

Falta de competencia

Julio César Sarango, abogado de la legisladora Guadalupe Llori, afirmó que en este proceso existen vicios de competencia, pues a su criterio el Comité de Ética no tiene competencia para juzgar a una expresidenta de la Asamblea Nacional.

En el caso de una autoridad de la legislatura, porque la denuncia se refiere a hechos cuando fue presidenta de la Asamblea, manifestó Sarango, debe aplicarse el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa e integrar una comisión multipartidista para su juzgamiento.

El abogado de Llori indicó que el Comité de Ética se convirtió en una comisión de excepción, por lo tanto, no son competentes para juzgar a Guadalupe Llori. Dijo que todo lo actuado por el Comité sería nulo de nulidad absoluta porque carece de motivación y además en la denuncia no se precisa el día, la hora sobre la supuesta infracción cometida.

Sarango advirtió que el Comité de Ética no se pronunció sobre este alegato presentado el pasado lunes, sobre la falta de competencia. Por lo tanto, “nos están dejando en la indefensión y eso nos da pautas para reclamar vía acción de protección e inclusive irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

Casos

Este es el único caso que actualmente procesa el Comité de Ética. En la última semana circuló en redes sociales un audio que involucraría al legislador de Pachakutik Joel Abad, referente a un supuesto aporte económico a su equipo de colaboradores, pero hasta el momento ningún asambleísta ha formulado una denuncia.

Nuevo caso de diezmos en la Asamblea Nacional salpicaría a legislador de Pachakutik Joel Abad

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, manifestó que sobre este caso depende de los asambleístas el presentar una denuncia en contra del representante de Pachakutik y será el Consejo de Administración Legislativa (CAL) quien califique el pedido si cumple con los requisitos formales. Todo depende de que se presente una denuncia. (I)