Conaie prepara un nuevo paquete de solicitud de amnistías para que se tramite en la Asamblea Nacional

Un nuevo paquete de solicitudes de amnistías para el trámite de la Asamblea Nacional alista la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) relacionadas con los hechos de violencia que se vivieron en las protestas de octubre del 2019, otras de octubre del 2021 y de varios activistas sociales.Este miércoles 16 de marzo, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acompañado de sus coidearios y de beneficiarios de las 268 amnistías que otorgó la legislatura el último 10 de marzo, convocó a una declaración pública para defender esta decisión frente al rechazo de grupos de la sociedad civil.En ese contexto, anunció que se está trabajando en la elaboración de otra lista de solicitudes con personas que participaron –y no formaron parte de las 268 amnistías– por las movilizaciones de octubre del 2019, de octubre del 2021 en contra del gobierno de Guillermo Lasso y de otros dirigentes sociales.“Las amnistías están en firme y no hay nada que hacer, más bien vamos a avanzar presentando otra lista de compañeros criminalizados por octubre del 2019, por octubre del 2021 y también por los criminalizados en los territorios. Recurriendo a este bien jurídico en la Asamblea Nacional presentaremos otro grupo de amnistías, porque no estamos haciendo nada ilegal”, afirmó Iza, quien convocó a quienes estén en el territorio nacional “escondidos” procesados por defender sus territorios a unirse a esta cruzada.El dirigente aseguró que no se trató de un “acuerdo político” o un “favor político” el que se hayan sumado 99 “voluntades” de los legisladores del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK), varios de la Izquierda Democrática (ID) y de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN). “Esto no es un favor político… Debemos valorar las 99 voluntades, nosotros saludamos esta decisión con la posibilidad de la reconciliación”, expresó.Insistió en que las 268 amnistías, de las que 60 fueron para quienes protagonizaron las manifestaciones del 2019, están siendo criticadas por el presidente Lasso porque quiere criminalizar a los “luchadores sociales”.Justificó que hay “ciudadanos que no han podido probar los hechos ocurridos porque son mentiras”, en relación con los delitos por los que eran procesados tanto él como otras personas, por sabotaje, terrorismo, secuestro y otros.Asimismo reclamó que aquellos que se oponen a las amnistías se “beneficiaron de las protestas” porque no se permitió el incremento de los precios de los combustibles a través de la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883 que suscribió el expresidente Lenín Moreno, en el que se eliminaron los subsidios.“Lo único que hemos hecho es defender” a la población de medidas gubernamentales, así como a otros dirigentes que aplicaron la justicia indígena en sus jurisdicciones.“La amnistía es un bien jurídico que no puede ser politizado o utilizado como plataforma electoral”, exclamó a quienes protestan en contra de la decisión legislativa, y que por detrás no tuvo un “acuerdo político”, sino que se ejecutó por la “reconciliación de los ciudadanos”.Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también exaltó la resolución del Parlamento, pues entre otros dirigentes, se concedió la amnistía al dirigente Mesías Tatamuez, que estaba siendo procesado por presunto secuestro en los hechos de octubre del 2019, cuando se retuvo a miembros de la Policía Nacional en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito.Este miércoles convocaron a un pronunciamiento de prensa varios de los directivos de gremios sindicales, entre los que el presidente de turno del FUT, Ángel Sánchez, saludó esta acción y evocó que el derecho a la “resistencia queda”.No obstante, reprochó que los cuestionamientos esconden un hecho de “distraer la atención” del trámite parlamentario de la ley de inversiones, que está en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento.“Creemos que esta amnistía puede servir para distraer la atención y aprobar la ley económica urgente, como es la ley de inversiones, sobre la que alertamos de que no vaya a ser otro golpe más a la ciudadanía”, expresó Sánchez.Ratificó el llamado a la movilización programada para este 23 de marzo, para increpar al presidente de la República, Guillermo Lasso, por sus incumplimientos con la población.Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), se dijo “asombrado” frente a las últimas manifestaciones de rechazo de grupos de la sociedad civil a las amnistías, porque están “llamando al odio”.“Nos dicen criminales, ladrones, saqueadores; están llamando al odio los mismos que han protegido a los ladrones de cuello blanco”, reclamó Bedoya.En respuesta, Andrés Castillo, integrante del colectivo Quito Levántate, que rechaza las amnistías, aclaró que ellos no están atacando a los dirigentes sociales ni a las amnistías como una institución jurídica, sino a que se hayan otorgado contrariando los principios constitucionales.“La Constitución en su artículo 120 es clara en que no se puede amnistiar a quienes sean investigados por delitos de terrorismo, secuestro o en contra de la administración del Estado… Pero en la Asamblea hicieron caso omiso a la norma. No se les podía dar amnistía no porque me guste a mí, sino porque, por ejemplo, la Fiscalía les hizo llegar un listado de quiénes son los solicitantes y cuáles son los delitos por los cuales se les estaba investigando”, explicó.Lamentó que la Conaie no esté dispuesta a entrar en un proceso de pacificación, pues al contrario, hay un discurso de volver a convocar a manifestaciones por parte de Iza, ya que con las amnistías se abrió la puerta para que vuelvan a “reventar Quito, a tomarse pozos petroleros, campos...”.“Al tolerar estas cosas se abre una puerta para que el movimiento indígena siga avanzando en sus preceptos de la violencia indoamericana que promulga el señor Iza. Vendrán más amnistías, más paros y levantamientos. Esto de pacificación no tiene nada”, insistió.Defendió las acciones que presentaron en la Corte Constitucional el martes último y enfatizó que ello no es un llamado a la violencia, sino su derecho a aplicar los canales jurídicos que permiten la ley y la Constitución. (I)

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