Los atentados perpetrados contra funcionarios e instalaciones del sistema judicial fueron el motivo que convocó a una reunión de las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), así como de representantes de la Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Policía Nacional y el gremio de magistrados y jueces.