Dos de los candidatos a ser vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) en delegación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se enfrentarán al escrutinio público al ser observados por su desempeño en el libre ejercicio del derecho.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dio paso a cuatro impugnaciones, planteadas en contra de los postulantes Telmo Molina Cáceres y Mario Godoy Naranjo, primero y tercero de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para llenar la vacante de vocal y presidente del Consejo de la Judicatura.
Dicho organismo está presidido por Álvaro Román Márquez, quien es vocal suplente, y se principalizó tras la renuncia de Wilman Terán Carrillo, procesado por delincuencia organizada y recluido en la cárcel de Guayaquil, La Roca.
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La terna enviada por la Corte está compuesta por Telmo Molina Cáceres, Dunia Martínez Molina y Mario Godoy Naranjo.
Este miércoles, 26 de junio, el pleno del CPCCS conoció el informe elaborado por una comisión técnica, compuesta por funcionarios de los consejeros, en el que se recomendó dar paso a cuatro objeciones ciudadanas: dos en contra de Telmo Molina y otras dos en contra de Mario Godoy.
La audiencia pública para evacuar estas impugnaciones se realizará el próximo lunes, 1 de julio, en el Consejo de Participación.
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A Telmo Molina lo objetó la abogada Marcela Estrella, quien alega una presunta falta de probidad, respecto de «posibles violaciones al debido proceso en el caso David Romo», un joven que desapareció en el 2013 en el norte de Quito.
También lo cuestionó el ciudadano Roberto Coello Fajardo, porque -a su criterio- Molina ha sido “sentenciado por contravenciones penales”, enfrenta procesos legales por presunto prevaricato, y es “cónyuge de la jueza Karen Matamoros que sentenció a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, por una denuncia impulsada por el excontralor del Estado”, en referencia a Carlos Pólit Faggioni, actualmente sentenciado por casos de corrupción en el ejercicio de su cargo.
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En contra de Mario Godoy, el mismo Roberto Coello lo impugnó porque ha “sido abogado y vocero de juicios asociados a casos de narcotráfico en Estados Unidos”».
Otra objeción es de Diana Pardo Tomalá en contra de Godoy porque “ha prestado sus servicios en juicios asociados a casos de narcotráfico”.
A Dunia Martínez también se la impugnó porque había escrito un libro en el que exalta la administración del expresidente Rafael Correa, pero no fue calificada porque se presentó fuera de los plazos.
El reglamento de selección de los miembros del Consejo de la Judicatura establece que, en el caso de que todos los integrantes de la terna, uno o algunos, sean descalificados por efecto de la impugnación, se solicitará una nueva terna o completarla.
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Pero, si ninguno es descalificado, se avanzará a la siguiente etapa que corresponde a la presentación de un plan de trabajo para la institución de llegar a ser electo.
La designación de la nueva autoridad se tomará por mayoría o unanimidad en la votación de los siete consejeros de Participación Ciudadana.
Esta renovación se da luego que el expresidente de la Judicatura Wilman Terán Carrillo renunció al cargo en diciembre de 2023, tras ser detenido y procesado en una investigación por delincuencia organizada con vínculos al narcotráfico que lleva adelante la Fiscalía General en lo que llamó el caso Metástasis.
Quien sea designado estará en el cargo por cinco meses, es decir, hasta enero del 2025, cuando se cumplen los seis años del periodo de funciones del actual pleno del CJ, conformado por cinco vocales.
¿Qué cargos han desempeñado los tres candidatos?
El postulante primero de la terna, Telmo Molina, es juez de garantías penales de Pichincha, exfuncionario de la Fiscalía General, entre el 2002 y 2015, en varios periodos.
Mario Godoy fue funcionario de la Fiscalía General en el 2009 y luego pasó al Consejo de Participación Ciudadana entre el 2009 y 2011; fue director de Cultos en el extinto Ministerio de Justicia que se creó en el gobierno de Rafael Correa.
Laboró también en el Consejo Nacional Electoral entre el 2015 al 2018; antes, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) entre el 2012 y 2014. En el 2019 fue coordinador de investigaciones en la Presidencia de la República; jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) entre el 2020 y 2021.
En este 2024 ha sido procurador jurídico de la empresa pública Petroecuador.
Dunia Martínez fue consultora para las Naciones Unidas en el 2001; asesora en el extinto Congreso Nacional; en el 2010, asesora del TCE; de la Corte Constitucional entre el 2010 y 2011; y, en el Consejo de Educación Superior (CES) también jurídica.
Fue parte de la Comisión Calificadora para la primera renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional que se efectuó en el 2022. (I)
