El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) iniciará una investigación de la mano de su Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en contra de Diana Salazar, autoridad de la Fiscalía General del Estado, acusándola de que hay indicios de un presunto plagio de su tesis universitaria, de un libro y de un artículo indexado que presentó en el concurso público por el cual fue electa en el 2019.

Este viernes 2 de junio terminó una jornada de dos días de una denominada audiencia pública que se desarrolló en el Consejo de Participación Ciudadana para interpelar a Diana Salazar, sobre que habría plagiado textos de su tesis universitaria, un libro y un artículo científico, según denuncias expuestas por el grupo Acción Jurídica Popular y el abogado Miguel Benavides Oleas, quienes solicitaron activar este mecanismo.

Este viernes fue el segundo y último día en que se llevó a cabo este procedimiento y asistieron los consejeros Alembert Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos, cuyas candidaturas para llegar a estos cargos las promovió el expresidente de la República y actor político Rafael Correa.

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Debido a que no es obligatoria su presencia, Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto no se quedaron a escuchar este evento, pese a que minutos antes de las 10:00 de este viernes estuvieron presentes en una sesión para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.

Quito, jueves 1 de junio del 2023 Audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana en contra de la fiscal Diana Salazar, por supuesto plagio de su tesis de grado, por parte de Priscila Schettinni, Ángela Porras y Richard González, en el pleno del Consejo, con la presencia del presidente Alembert Vera. Fotos:Rolando Enríquez/API Foto: API

La fiscal Diana Salazar no asistió y remitió una respuesta oficial al CPCCS ratificando esa decisión. En declaraciones de prensa, la autoridad advirtió que detrás de estas acciones lo que se busca es sacarla del cargo.

“Lo único que buscan es sacarme del camino para que puedan avanzar con sus pretensiones. Todas estas personas están en torno a una organización que ha sido ‘afectada’ por las acciones de Fiscalía. Es un entramado para perjudicar a la institución. Me he dedicado a trabajar, investigar y tengo la conciencia tranquila. La fiscal va a laborar hasta el último día”, manifestó en una reciente entrevista con radio Sucesos.

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Esta mañana y tarde el salón del pleno no estuvo copado de activistas políticos afines al correísmo; mientras, los representantes de Acción Jurídica Popular insistieron, en este segundo día, en que Salazar “plagió” su tesis en por lo menos un 40 %, precisaba Priscila Schettinni, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, procesado por un delito sexual.

Con Schettinni estuvieron la jurista Angélica Porras y Richard González, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quienes sostuvieron su teoría de plagio y para demostrarlo trajeron al catedrático Tomás Sánchez, quien pasó la tesis de Salazar por una aplicación de la que se desprendieron datos numéricos como que había más de 34.000 palabras idénticas.

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Según Sánchez, la tesis de la fiscal general la pasaron por tres plataformas de este tipo: en una primera arrojó un supuesto plagio del 40 %; en otra les salió el 27 %; y, en una tercera, el 17 %.

Schettinni y Porras leían juntas los textos para demostrar que no había diferencias entre lo hecho por Salazar y lo que encontraron en las páginas de internet.

“No solo que no se pone comillas, no se cita... Sino que también, se copia la cita hasta las comillas y eso es un plagio”, denunció Angélica Porras.

Su compañera acusó a Salazar de un robo: “Son nueve los autores que han sido dañados, perjudicados. Sí podemos decir que la fiscal ha copiado mucho más del 40 % de su tesis. Esto es un robo”, enfatizó Schettinni.

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Por su parte, Richard González pidió que se investigue un presunto delito de fraude procesal y desafió a Diana Salazar a “iniciarse ella misma” una investigación penal.

Después de más de tres horas de audiencia pública, Benavides Oleas fue el último en exponer, pero para felicitar el haberse realizado este acto.

Sus palabras se fundían entre los sonidos de tambores y pitos que provenían de la calle, cuando un grupo de personas se concentró en los exteriores del edificio del CPCCS para expresar su apoyo a la fiscal general.

QUITO (02-06-2023).- Un grupo de personas llegó al CPCCS en Quito para apoyar a la fiscal Diana Salazar en contra de quien se impulsó una audiencia pública acusándola de plagio de textos. Sugey Hajjar / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Tras estas exposiciones y para que esta denuncia de Acción Jurídica Popular y Benavides “no quede en el aire” y tenga un trámite”, el presidente del Consejo, Alembert Vera, adelantó que se trasladará a los entes competentes para que se tomen acciones.

Fue así que la exasambleísta del correísmo Mariángel Muñoz, titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, intervino en la mesa de sesiones y anunció que arrancarán el proceso de investigación.

“(Acción Jurídica Popular) hicieron la presentación completa y adecuada de los indicios para mostrar el inicio de un proceso de investigación. No se ha dado efectivo cumplimiento por parte de la autoridad (Diana Salazar) que estaba obligada a venir; y, como Consejo de Participación Ciudadana, nuestra normativa interna establece la obligación de impulsar investigaciones. Nosotros podemos receptar una queja o denuncia por escrito o podemos impulsar el proceso de investigación. Vamos a iniciar el proceso e invitamos a que la documentación se ingrese al Consejo para proceder con los mecanismos que la ley nos permite”, manifestó Muñoz.

La funcionaria alegó que el artículo 15 del reglamento de Investigación de Denuncias del CPCCS les permite actuar bajo esos requisitos.

Este artículo refiere que la denuncia es para “dar a conocer un presunto acto u omisión que afecte los derechos de participación, genere corrupción o atenten contra el interés público”.

Determina que el secretario técnico de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción puede “disponer, previa aprobación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se inicie el procedimiento de investigación cuando llegare a su conocimiento información por cualquier medio o forma de presuntos actos u omisiones que afecten los derechos de participación, generen corrupción o atenten contra el interés público”. (I)