La Contraloría General del Estado, a través del Reporte de Control Público n.° 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los Gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.