Estos son los 57 municipios que incumplen varios aspectos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información en Ecuador

Mostrar las regulaciones, una estructura orgánica, remuneraciones mensuales por puesto o los contratos colectivos vigentes a través de un portal de información o página web es lo que no están realizando 57 municipios del Ecuador.

Así lo determina el Índice de Transparencia Activa que realiza la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). El análisis consiste en calificar a los 221 GAD municipales sobre los 16 literales que corresponden a la información que obligatoriamente debe estar disponible para la ciudadanía y que está estipulada en el artículo 7 de la Lotaip.

La evaluación corresponde al 2021 y hay 57 municipios que obtuvieron 0/16. Estos son: Chilla, Isabela, San Cristóbal, Cañar, Suscal, Sigchos, Simón Bolívar, Naranjito, Quevedo, Quinsaloma, Palenque, Pichincha, Atahualpa, Eloy Alfaro, Antonio Ante, Pindal, Quilanga, Baba, Paján, Logroño, El Chaco, Carlos Julio Arosemena Tola, Aguarico, La Libertad, La Concordia, y otros.

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Asimismo, un municipio obtuvo menos de 1, como San Lorenzo, y otros siete alcanzaron una calificación igual o mayor a 1 y menor a 5, como La Troncal, La Maná y Atacames.

Hay ocho, entre estos Balzar y Pablo Sexto, que registraron una calificación igual o mayor a 5 y menor a 10. Por otro lado, 31 municipios obtuvieron una calificación igual o mayor a 10 y menor a 16, como El Pan, Girón, Pallatanga, Portovelo y El Triunfo.

Y un poco más de la mitad, esto es, 117 municipios obtuvieron una calificación de 16/16, como Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Alausí, Las Lajas, Naranjal, Portoviejo, Tena, Quito, Tulcán, Zaruma, Nobol, Cuyabeno y más.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dijo que este cuarto informe es más positivo que el anterior. “Sin duda hay mejoras positivas en la transparencia activa. En ediciones anteriores habíamos reportado que varios municipios tenían duplicada su página web y generaba problemas. Pero hay una mejora en la forma en la que están entregando la información a los ciudadanos”, menciona.

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En cuanto a los municipios que aún incumplen, dice que este informe se convierte en un llamado de atención a las alcaldías en el sentido de que los ciudadanos no se están informando adecuadamente de las gestiones de cierta localidad.

“Es grave porque no cumplen con lo de la ley, sueldos y salarios, contratos públicos, es más grave que no tener una cuenta en la red social”, resalta.

Además, este indicador mide un cumplimiento adicional con cuatro categorías consideradas por FCD, y tratan sobre las declaraciones juramentadas de bienes de alcalde y concejales; forma de presentación de documentos, si hay perfiles de las instituciones en redes sociales y si existe un plan de trabajo. Esta evaluación de cuatro puntos al sumarse con la de Lotaip se califica sobre 20.

Y nuevamente son Chilla, Isabela y San Cristóbal que no llegan a un punto sobre cuatro. Hay otros 37 municipios que solo cumplen con dos categorías y obtienen menos de 2/4, como Sevilla de Oro, Camilo Ponce Enríquez, San Fernando, Oña, Echeandía, San Miguel, Chillanes, El Tambo, Déleg, Penipe, Isidro Ayora, Celica, Buena Fe, Vinces, Taisha, Tiwintza, Santa Clara, Salinas, Cascales, El Pangui, Centinela del Cóndor, Caluma, San Pedro de Huaca, Atahualpa, Eloy Alfaro, Antonio Ante, Pindal, Quilanga, Baba, Paján, Logroño, El Chaco, Carlos Julio Arosemena Tola, Aguarico, La Libertad, La Concordia y Tisaleo.

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Por ejemplo, Nangaritza, Pelileo, Shushufindi, Santa Clara, San Juan Bosco, Ibarra y otros no poseen una declaración juramentada de bienes del alcalde y concejales. Y solo 23 de 221 municipios poseen el plan de trabajo del alcalde y/o concejales que presentaron cuando eran candidatos. Según este informe, Quito y Manta no lo tienen.

En tanto, la Defensoría del Pueblo también realiza monitoreos en ese ámbito, pero aleatorios mensuales, desde la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa a los cabildos.

“Para el proceso de monitoreo de la transparencia activa, la Defensoría del Pueblo y sus delegaciones provinciales utilizan una herramienta que es un aplicativo web que sistematiza los resultados de la información a nivel nacional… Esto quiere decir que en cada monitoreo se exhorta a la entidad a mejorar sus niveles de cumplimiento, expresar la preocupación por la falta de difusión de la información o subsanar las observaciones detectadas en el ejercicio de evaluación y en los casos en que la información alcanza el máximo nivel de cumplimiento, se felicita este esfuerzo y se anima a que lo mantenga con el propósito de generar mayor confianza”, dice Christian Nieto, director Nacional de Promoción y Protección de la Transparencia Activa.

En lo que va del 2022 se han realizado 114 monitoreos a distintos sujetos obligados entre los que constan los Gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, 52 monitoreos a parroquiales y 8 a municipios.

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Y esto ha determinado que el 8,77 % de los monitoreos corresponde a la Función de Transparencia y Control Social, el 2,63 % a la Función Ejecutiva y el 88,60 % a los GAD en sus tres niveles, a las entidades adscritas a los GAD, universidades, empresas públicas y otras entidades.

Nieto agrega que también existen denuncias y quejas de ciudadanos sobre la falta de información de los GAD, con mayor énfasis en los parroquiales.

El 31 de enero fue sobre el GAD Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha, por falta de publicación actualizada de la transparencia activa.

El 19 de abril recibieron una sobre el Municipio de Latacunga, por la misma causa y por la falta de respuesta a una solicitud de acceso.

Quienes deseen presentar una denuncia o queja sobre el incumplimiento de la Lotaip, según Nieto, pueden hacerlo por escrito, correo electrónico u otro medio de la Defensoría. (I)