Más de 632.000 funcionarios públicos del país presentaron la actualización de las declaraciones patrimoniales juradas. Así lo informó la Contraloría General del Estado este miércoles, 28 de agosto de 2024.
Según la información oficial, los empleados públicos remitieron los reportes entre el 15 de julio y el 15 de agosto de este año. Esta actualización es parte de una disposición del contralor general del Estado, Mauricio Torres, quien solicitó a todo el personal público del país, sin excepción, cumplir con este requerimiento.
La idea es conocer el real patrimonio de los servidores públicos y si presentan anomalías o existen errores en sus declaraciones.
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El artículo 231 de la Constitución establece que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial jurada al iniciar y finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la normativa.
Esta actualización de las declaraciones también se sustenta en la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales. Allí se señala que la Contraloría podrá solicitar la actualización o presentación de una nueva declaración, independientemente del inicio o fin de gestión de los servidores.
La disposición de la Contraloría también señala que las máximas autoridades de todas las instituciones y organismos del Estado deberán verificar el “estricto cumplimiento” de la actualización y remitir un reporte al ente de control hasta el 30 de agosto de 2024.
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Los servidores que no cumplan con la actualización de las declaraciones estarán sujetos a la aplicación del régimen disciplinario correspondiente, que puede llegar hasta la separación del puesto de trabajo.
El contralor Torres ha mencionado que todas esas declaraciones juradas se verificarán desde la Contraloría para identificar irregularidades. A partir del 30 de agosto, el sistema se cerrará y las unidades de Talento Humano de las instituciones tienen un plazo de diez días para que indiquen si hubo problemas.
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Según Torres, el objetivo de esta actualización tiene que ver con la apertura de un nuevo sistema que validará los datos nuevos con los anteriores. La idea es que sea un sistema de alarma que detecte automáticamente el incremento de patrimonio injustificado para la apertura directa de un examen especial de Contraloría.
En el sistema anterior existían, incluso, errores claros. Por ejemplo, se detectó que un funcionario tenía una casa de $ 570 millones. “Eso es imposible, pero había muchos errores”, dice Torres.
El contralor también informó que hasta diciembre han descubierto que unas 300 o 400 declaraciones tenían problemas.
Entre las declaraciones que ya se han analizado están las de 160 jueces y fiscales. (I)
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