Con los votos abstentivos de la bancada del correísmo (Unión por la Esperanza), el asambleísta Eckener Recalde, antes de la Izquierda Democrática (ID), evitó su destitución como legislador, tras la acusación de cobrar diezmos a su equipo de trabajo.

El informe elaborado por el Comité de Ética del Legislativo recomendaba su destitución, con base en la denuncia de dos de sus excolaboradores, de que se les habrían cobrado dineros para abrir una central de campaña en el sur de Quito, para pagar gastos relacionados con boletos de hornados solidarios y para pagar a dirigentes que habían apoyado con actividades en territorio.

La denuncia la presentó la asambleísta Johana Moreira (ID), quien tildó a su excolega de “diezmero”.

Esta jerga política del diezmo está establecida en términos legales en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que prohíbe a los legisladores “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, rentas, intereses, gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.

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En una primera votación por la moción de destitución que hizo Moreira, hubo 72 votos a favor, 2 negativos y 62 abstenciones. Se requerían 92 votos, por lo que no se aprobó esta moción.

Ese voto abstentivo provino de la bancada de UNES, Pachakutik (PK) y algunos independientes.

El asambleísta Alejandro Jaramillo, de la ID, pidió entonces que se rectificara la votación. Pero el resultado no fue favorable a su moción de destitución, pues hubo 72 votos a favor, 1 en contra y 63 abstenciones, que fueron también de UNES, PK e independientes.

Antes de la votación, los legisladores del correísmo conversaban entre ellos. Definían sus posiciones, incluso de respuesta a las otras bancadas que los cuestionaban por su defensa a Recalde.

La comisionada Luisa González (UNES), quien es parte del Comité de Ética, argumentó que las pruebas presentadas por los denunciantes no eran suficientes y que existía duda razonable.

Ella se refería a un “cheque en blanco” que había presentado una de las testigos, Alexandra Mayanquer, exasistente de Recalde, con el que denunciaba que se le habían pedido $ 200.

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Un pronunciamiento similar lo tuvo el legislador Fernando Cedeño, quien responsabilizó a la ID de no presentar pruebas que confirmaran los hechos, pues los testimonios no determinaban su responsabilidad.

Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano (PSC) y también parte del Comité, aclaró que en este tipo de hechos “nunca va a haber un documento que dé cuenta de actos indebidos”.

“Estamos dejando un precedente peligroso. El asambleísta recibió diezmos y no podemos dejar sin sanción este hecho”, agregó Chávez.

La asambleísta interpelante Moreira cuestionó que era “triste ver que se cobren diezmos, así como es triste ver que diezmeros tratan de perfeccionar estas tácticas”, pues, según su denuncia, su excoideario pedía que los pagos se hagan en efectivo.

Recalde, de su lado, dio lectura a varios de los hechos que se presentaron durante la sustanciación de la denuncia, y al final pidió un voto con conciencia, y enfatizó que no ha recibido un solo centavo, que no es diezmero y que con este proceso la ID busca tener legisladores sumisos.

Más de doce intervenciones se escucharon en el pleno. Una de ellas de Ramiro Narváez (ID), quien presentó incluso una fotografía de Recalde participando en una declaración de prensa de UNES, que se hizo la noche del viernes 26 de noviembre, después de que votaron en abstención por la negativa a la ley económica urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia por decreto-ley por la Presidencia de la República.

Alejandro Jaramillo, coordinador de la bancada del partido naranja, cuestionó a UNES por su apoyo a Recalde, a quien le dijo: “Nadie olvidará que usted es Eckener, el cobrador”.

El asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik (PK), se pronunció a favor del denunciado, pues consideró que no se respetó el debido proceso.

La parlamentaria Nathalie Viteri, del PSC, le recordó que el Legislativo es un órgano político y que este espacio no es una “corte de justicia”, y que de ser así, todas las actuaciones de la Comisión de Fiscalización estarían en riesgo.

Indignada, Moreira insistió en que Recalde debía ser destituido, pues, durante el trámite de presentación de pruebas de cargo y descargo, él reconoció que los audios en donde se escucha su voz hacían relación a que los cobros debían hacerse para pagar boletos de hornados solidarios y a ciertos dirigentes que impulsaron acciones en territorio.

“El pueblo ecuatoriano no espera nada de nosotros y aun así logramos decepcionarlos”, expresó la asambleísta, al exhortar al pleno a tomar una postura de sanción.

Finalmente, después de casi ocho horas de sesión plenaria, Recalde no fue destituido, porque faltaron los votos para aprobar dicha moción.

La sesión se realizó de manera semipresencial este 30 de noviembre, a la que acudieron pocos legisladores, debido a la presencia de casos de COVID-19.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gualupe Llori, dispuso que para el ingreso al pleno se debería presentar una prueba con resultado negativo a la infección. (I)