Los integrantes del Comité de Ética de la Asamblea Nacional analizan desde este 23 de noviembre el informe presentado por su presidente, Segundo Chimbo (PK), que recomienda la destitución de Ecknner Recalde (antes ID) como asambleísta por Pichincha, por haber incurrido en la prohibición expresa de percibir aportes y contribuciones por parte del equipo de trabajo a su cargo.

Recalde fue denunciado por la legisladora de la Izquierda Democrática Johanna Moreira, aunque las pruebas sobre los hechos ocurridos en su despacho las receptó su colega y coordinador de la bancada, Alejandro Jaramillo.

Comité de Ética cierra etapa de prueba en la investigación contra Ecknner Recalde, acusado de cobro de diezmos

Según lo establecido en la investigación, Recalde recibía aportes económicos de parte de su equipo de trabajo para levantar una sede del partido Izquierda Democrática en el sur de Quito y para cubrir gastos de campaña.

Esa acción está prohibida, como lo establece el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se dice que no podrán “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo [...]”.

Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta.

En el informe, el presidente del Comité recomienda la destitución del asambleísta, a quien debe imputarse responsabilidad política por los actos que ha realizado y por cuya conducta ha sido “suficientemente justificado” que se ha violado la prohibición legal señalada.

El documento señala que en el proceso de investigación se “ha evidenciado”, conforme los testimonios recibidos, que existe una conducta conexa entre asambleístas que, con un aparente acuerdo o pacto y de manera concertada, contratan entre sí a familiares, evadiendo la prohibición de nepotismo establecida en el artículo 159, inciso tercero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tal como se mostraría en la contratación de Carmen Calderón, cuñada de Recalde, quien constaba en la nómina del despacho de Amparo Guanoluisa, conforme se desprende de las pruebas practicadas en el Comité, más los testimonios de Isabel Mayanquer y Francisco Ortuño (excolaboradores del asambleísta Recalde).

Asimismo, se evidencia, según indican documentos oficiales de la Coordinación General de Talento Humano, que en la nómina del despacho de Recalde consta Viviana Guanoluisa, hermana de la legisladora.

Esta situación y conductas análogas llaman la atención del Comité y, por lo tanto, recomienda al Consejo de Administración Legislativa y por la Coordinación General de Talento Humano de la Asamblea una investigación con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios para que esto no suceda. (I)