La Corte Constitucional (CC) solicitó a la Fiscalía General que disponga el inicio de una investigación por el cometimiento de un presunto hecho de corrupción mediante el cual se habrían recaudado recursos de los sueldos de los directores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para, presuntamente, financiar al movimiento político Alianza PAIS (AP).

El pedido se dio a raíz del tratamiento de una acción de incumplimiento de sentencias que presentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) en contra del IESS, cuya sentencia se aprobó con ocho votos afirmativos de los jueces el pasado 13 de octubre.

El expediente se remitió a la Fiscalía del Estado para que disponga el inicio de una investigación por el hecho que fue denunciado en el CPCCS, así como a los funcionarios responsables de incumplir con una sentencia constitucional emitida por una unidad judicial. “Esta Corte no puede dejar de observar que los hechos que dieron lugar a la denuncia presentada ante el CPCCS podrían tener relación con posibles actos de corrupción por la presunta apropiación indebida de un porcentaje de los sueldos de los directores de las unidades de salud a nivel nacional para financiar a una organización política”, cita la sentencia.

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Se dio un plazo de 60 días para que la fiscal general, Diana Salazar, informe si considera o no pertinente el inicio de una investigación penal; y que en otros quince días informe también si abrió investigaciones por este hecho.

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El caso se reveló debido a una denuncia que llegó al anterior Consejo de Participación Ciudadana en mayo del 2017.

En ella se exponía que, en septiembre del 2015, el entonces director del IESS había convocado a una “reunión para indicar que los directores del Seguro Social debían aportar un porcentaje de su sueldo, $ 70, para Alianza PAIS”.

El CPCCS solicitó al IESS que informe a qué conceptos corresponden los descuentos que constan en los roles de pago bajo la denominación “Otras retenciones”. No se entregó la información.

En noviembre del 2017 se planteó una acción de acceso a la información pública en contra de Geovanna León Hinojosa, quien se desempeñaba como directora general del IESS.

En diciembre de ese año, la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia —a cargo del caso— aceptó la acción y dispuso al IESS que entregue la información.

En enero del 2017, se remitió la documentación del 2017 y 2018 sobre las “Otras retenciones” que constaban en la Boleta de Pagos de los directores de Unidades de Salud. Sin embargo, solo se habían remitido copias simples y no certificadas por un notario público.

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Tras varias diligencias, en febrero el IESS indicó que no se han podido localizar los documentos originales y no pueden certificarlos, y que lo que se entregó era “información extraoficial”.

La jueza dispuso como sanción para el director general del IESS una multa de una remuneración básica, lo que fue impugnado por la institución.

El CPCCS, en ese entonces, exigía que se presentara la información completa, pues las retenciones correspondientes al 2016 no constaban. Por la inexistencia de esta documentación, el IESS había solicitado un examen especial y se había presentado una denuncia a la Fiscalía General por presunto hurto de documentos públicos.

El Consejo Transitorio presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de sentencias, debido a que la decisión de la Unidad Judicial había sido que se entregue la información. Pero, hasta la actualidad, no ha llegado.

La Corte aceptó la acción de incumplimiento de sentencia y dispuso al director del IESS que disponga las investigaciones administrativas para determinar quiénes incumplieron con la sentencia y los autos de ejecución dispuestos por la jueza de la Unidad Judicial, y que se establezcan sanciones.

A criterio de los jueces, existe un incumplimiento prolongado del IESS para cumplir con una sentencia, por lo que advierte que podrían aplicarse más medidas, como la destitución del cargo. (I)