La vinculación de la familia presidencial en la construcción de un proyecto habitacional en lo que sería una zona protegida en Santa Elena marcó la agenda de debate de la Asamblea Nacional de este miércoles y en la que hubo el intento de apartar a Henry Kronfle de la presidencia del cuerpo colegiado, por su amistad con el primer mandatario, Daniel Noboa Azín.

En la sesión 924 de este 8 de mayo de 2024, el movimiento Construye logró incorporar como punto de debate en el orden del día una moción para que la ministra del Ambiente, Sade Fritschi Naranjo, comparezca ante el pleno y dé explicaciones sobre los procedimientos administrativos y legales que se siguieron para otorgar las licencias ambientales para la construcción de un proyecto habitacional en lo que sería un área protegida, ubicado en Olón (Santa Elena).

La polémica surge debido a que la compañía a cargo de la obra, llamada Vinazin S. A., tiene como accionista a Lavinia Valbonesi Acosta, esposa del presidente Daniel Noboa Azín y primera dama.

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El presidente de la legislatura, Henry Kronfle, intentó agilizar el debate de este punto que fue incluido como número seis, pues quería someterlo a votación antes de las 14:00, dijo.

Previamente, a eso del mediodía acudió a Gestión Documental de la institución para presentar un proyecto de ley para la aplicación de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional.

Consultado sobre el tema Olón y la familia presidencial, Kronfle anotó: «A mí en lo personal no me preocupa en lo absoluto. Conozco al presidente de la República, conozco a su familia y no tengo ninguna duda de que esto tenga ninguna cuestión cuestionable, por decirlo de alguna manera. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo al margen de la ley. Por ningún motivo. Tranquilidad absoluta. Pero, si hay que cumplir con el procedimiento de fiscalización, si así lo pide una bancada, hay que respetarlo», señaló Kronfle.

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Volvió al hemiciclo Nela Martínez e instaló la sesión 924. En ella, el legislador Paúl Buestán argumentó su requerimiento en el que alertó de posibles irregularidades en la entrega de los permisos ambientales.

Entre ellas, que la «empresa Vinazin S. A. tiene como accionista mayoritaria a Lavinia Valbonesi; que el proyecto de factibilidad de la construcción del proyecto habitacional fue presentado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; que a su vez, esta compañía tiene como representante legal a María Moreno, que es además representante legal de la organización política Acción Democrática Nacional (ADN) y entre cuyos abogados, de la empresa, está una ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Esto no es un tema político, es un tema ciudadano», aseveró.

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Añadió que esto podría incurrir en delitos penales como conflicto de intereses, tráfico de influencias y «el mal uso del poder y de las gestiones administrativas para beneficiar a la familia presidencial».

Le siguieron la asambleísta Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC), que tildó al hecho de ser un problema de ética pública y de utilizar el Estado para beneficios personales.

«Querer tomarse las áreas protegidas no es de ahora, al parecer, esto querían hacer desde décadas atrás, pero ahora que llegaron al poder» lo habrían logrado, opinó Veloz y llamó la atención de la Fiscalía General del Estado por «demorarse en investigar», pues podrían desprenderse delitos penales como testaferrismo y tráfico de influencias.

Entre otros legisladores, el asambleísta Adrián Castro, representante de ADN, exhortó a sus compañeros a investigar de forma técnica estas acusaciones, ya que «aquí nadie tiene que hacer espíritu de cuerpo por nadie», aseguró.

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Pidió que se estructure un proceso en el que se escuche a cada uno de los actores involucrados antes de endilgar el tema en lo político y, en esencia que «se dé un tratamiento técnico».

Kronfle pidió a sus colegas que no tarden en sus alocuciones, pues quería someter a votación antes de las 14:00.

La asambleísta de la RC Paola Cabezas solicitó un punto de información en el que insinuó de una ‘amistad’ de Kronfle con Daniel Noboa y que ello no debería provocar el cierre del debate ante un tema de interés de los legisladores que tenían algo que decir.

Kronfle se molestó, exigió respeto y que no aluda a temas personales. Cabezas hizo gestos de sorpresa por la reacción y pedía que la deje terminar de hablar.

Finalmente, suspendió el debate de ese punto y pidió retomar el cuarto y Leonardo Berrezueta, también de la RC, le apeló la presidencia.

«No tengo ningún problema en enfrentar la apelación», le respondió el presidente y llamó a Viviana Veloz, primera vicepresidenta, para que dirija el tratamiento del pedido.

En su defensa, Kronfle precisó que suspender el debate es una de las atribuciones del presidente y que Cabezas hizo «alusión a una amistad con el presidente, que aparentemente la tiene incómoda».

«Sí, soy amigo del presidente hace muchos años, pero jamás he interpuesto una amistad a conducir el pleno de la Asamblea Nacional. El debate ha sido equilibrado, he dado la palabra a tres personas de la bancada (RC), cuando no se la he dado a otras bancadas», añadió.

Por la moción de apelación hubo 42 votos a favor de la RC, 71 negativos y cuatro abstenciones.

Kronfle volvió a la presidencia y suspendió la sesión para las 15:30 de este miércoles. (I)