Que la Fiscalía General inicie investigaciones por la posible comisión del delito de contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, tipificado en el artículo 216 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y por la posible presencia de una red de corrupción en el interior de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en su anterior administración, y que la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud declaren una emergencia sanitaria a fin de que se cuantifique qué porcentaje de la población tiene alto contenido de metales pesados en su organismo para así diseñar una política pública que busque paliar sus efectos negativos.