Si por algo se ha caracterizado el concurso para designar al titular de la Defensoría Pública General ha sido por las descalificaciones a postulantes, la renuncia de quien encabezaba la lista y hasta la denuncia de una supuesta amenaza de muerte contra una aspirante que la llevó a quedarse fuera.

Juristas consultados por EL UNIVERSO consideran que la Defensoría Pública es apetecida por su cuota de poder que tiene al poder presentar la terna para un vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).

El proceso está en etapa de análisis de probidad entre los cuatro candidatos que restan de una lista que al inicio tuvo nueve. Ricardo Morales Vela, exsubsecretario de Justicia de Rafael Correa y excomisionado de pacificación de cárceles de Guillermo Lasso, el más opcionado para ocupar el cargo de defensor Público General. Le siguen Yolanda Yerovi, Margarita Gualotuña y Jorge Aníbal Torres.

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Desde 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha cambiado de presidente en ocho ocasiones sin que se haya podido destrabar la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, que está próxima a cumplir seis años con una autoridad encargada, Ángel Torres Machuca.

Torres fue designado como defensor público encargado el 31 de agosto de 2018, por el Consejo de Participación Ciudadana de transición, que, si bien llevó a cabo un concurso público para elegir a un titular, lo declaró desierto.

Para los juristas consultados, lo “accidentado y estancado” que ha resultado el concurso obedecería a intereses de personas que quieren servirse del cargo para conseguir “ciertas prebendas y ciertos acomodos” dentro de la vida institucional y pública y “repartirse la justicia”.

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“Como es un órgano autónomo de la Función Judicial y obviamente representa un gran número de participantes dentro de la misma Función Judicial, considerando la cantidad de procesos y defensores públicos que se necesitan para que la justicia pueda avanzar, en tal sentido, lógicamente representa una cuota grande de presencia procesal. Pero más allá de eso, el hecho que represente aquello y que la Fiscalía, por ejemplo, tenga ciertas prerrogativas al igual que otras instituciones, la Defensoría Pública como tal también tiene voto, por así decirlo, o presencia para poder presentar la terna para un vocal del Consejo de la Judicatura”, señala el abogado penalista y director del Colegio de Abogados del Guayas, César Eduardo García.

García explica que el hecho de que la Defensoría Pública tenga esa capacidad implica que un representante del órgano “va a tomar decisiones dentro” del Consejo de la Judicatura y “eso hace que el puesto sea interesante” para las personas que quieren tener “cierta presencia” en la Judicatura.

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“Como nosotros ya hemos visto con los últimos casos normalmente los vocales que entran dentro del Consejo de la Judicatura, según se ha analizado últimamente, lo que han hecho últimamente ha sido repartirse la justicia”, observa García.

Julio César Sarango, doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Loja y especialista en Derecho Penal y Criminología Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes), indica que “la voz, el peso” que tiene la Defensoría Pública responde a que puede sugerir o presentar la terna para un vocal del Consejo de la Judicatura.

Sarango considera que el cargo de primera autoridad de la Defensoría Pública es “tan apetecido” porque la Función Judicial es una institución “importantísima” en la vida de las personas y de funcionarios públicos y privados donde depende a veces “de estos palanqueos absurdos por parte de ciertos tribunales como es el Consejo de la Judicatura”.

“De ahí es donde se ha tejido una gama de tráfico de influencias para incidir en la decisión de los fallos, por eso todo el mundo aspira a estos cargos como es la Defensoría Pública, y nos damos cuenta después del tiempo salen a relucir cuáles han sido sus intenciones, sus intereses dentro de diferentes informes motivados que realizan estos personajes”, subraya.

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De conformidad con el artículo 191 de la Constitución, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, cuya atribución es la de garantizar el acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de derechos.

Déficit de defensores públicos

Datos proporcionados por la Dirección de Comunicación de la Defensoría Pública, detalla que en la actualidad cuentan con 709 defensores públicos.

La vocería del ente reconoce que hay un déficit de defensores públicos en el país. “En efecto, se requiere de más defensores, pero no hay presupuesto, sin embargo hacemos nuestro mejor esfuerzo por brindar un servicio de calidad”.

Agrega que a diciembre de 2023 fueron 706 defensores públicos en funciones. (I)