El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, y la asambleísta Pamela Aguirre de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), enfrentan una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y asociación ilícita, tipificados en los artículos 287 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La demanda penal fue presentada el pasado 14 de marzo de 2025 por el exconsejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, quien recoge parte de una publicación del medio digital La Posta, del 12 de marzo de 2025, en que informaba “que la Fiscalía General del Estado se encontraba en un proceso de investigación en contra del señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez, en donde se le acusa de haber elaborado el informe que recomendaba la destitución del señor Guarderas”.
De lo manifestado por la Fiscalía, añade la denuncia, se deduce que el denunciado se asoció ilícitamente con la Comisión de Fiscalización para la elaboración y entrega del informe, lo que permitió la destitución de Guarderas. La participación del denunciado en la redacción de dicho informe genera dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de juicio político llevado a cabo en la Asamblea Nacional.
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Guarderas fue enjuiciado políticamente por la asambleísta, Ana Herrera, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), por incumplimiento de funciones referente a una violación del deber de reserva y protección al denunciante, una presunta falsificación de firma cuando presentó la denuncia en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por pre campaña. El proceso concluyó el 27 de diciembre de 2024 con la censura y destitución del funcionario por el cual votaron 70 asambleísta, y eso permitió la principalización de Eduardo Franco Loor, quien luego fue destituido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Según los hechos relatados por Guarderas, en su denuncia penal, el informe sobre el pedido de juicio político debía ser elaborado exclusivamente por los asesores acreditados de la Comisión de Fiscalización y Control Político, y no por el consejero Verduga, en vista de que no forma parte de dicha comisión ni ostenta ninguna función pública que le autorizará a redactar el informe, por lo tanto, habría incurrido en usurpación de funciones.
De acuerdo con la denuncia, la intervención de Verduga “no solo vicia de nulidad el proceso, sino que también abre la posibilidad de que existiera una asociación ilícita entre él y miembros de la Comisión de Fiscalización, con el fin de manipular el proceso político contra Guarderas”.
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Guarderas solicita expresamente que la Fiscalía extienda la investigación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, así como a los asesores responsables de la elaboración del informe.
Como parte del proceso, Juan Esteban Guarderas rindió testimonio el jueves 20 de marzo de 2025 ante la Fiscalía General del Estado. Ha manifestado su intención de constituirse en acusador particular, con el fin de impulsar el proceso y garantizar que se investigue la posible operación irregular de una red de poder político clandestina.
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Guarderas ha calificado estos hechos como parte del funcionamiento de un “cártel político”, una estructura organizada que opera con jerarquías, alias y métodos encubiertos para capturar y manipular instituciones públicas desde dentro. (I)
