El dueño de las máquinas expendedoras de café, snacks y bebidas ubicadas en la planta baja de la Asamblea Nacional denunció ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que fue advertido de un hecho de soborno para mantener el negocio en la Función Legislativa.

Desde hace cuatro años, en la planta baja del Palacio Legislativo se ubican cuatro máquinas expendedoras de café, snacks y refrescos, y según la denuncia, hace tres semanas le solicitaron el contrato de comodato de las máquinas para revisarlo, pero hasta el momento no tiene respuesta para su renovación.

En las últimas semanas, la Función Legislativa ha sido objeto de escándalos respecto a la suscripción de contratos para servicios de alimentación para eventos protocolarios a un costo de $ 100.000, donde se desglosa que la compra de empanadas tiene un costo de $ 6. La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, ordenó que se suspenda su ejecución.

Funcionarios legislativos justifican la compra de empanadas a $ 6 para eventos protocolarios de la Asamblea Nacional

El denunciante dijo que el 7 de septiembre pasado a las 12:30, en la garita de la Asamblea, una señorita lo abordó para preguntarle que si era “el señor de las máquinas”.

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Su respuesta fue afirmativa y la persona le supo decir que su empresa va a ganar el contrato de las máquinas, pero que debería generar un porcentaje del 7,5 % sobre las ganancias. Pero al parecer la persona se equivocó porque ese mensaje era para otra persona, se menciona a René Escudero, de la empresa Hanska.

El asambleísta Villavicencio manifestó que recibió la denuncia del contratista Pablo Sotomayor, que mantiene el servicio de las máquinas expendedoras de café en la Asamblea y que posee todos los respaldos.

Según afirmó Villavicencio, la señorita que habría abordado a Sotomayor le pidió el 7,5 % de $ 2.000 que es la ganancia de las ventas totales, pero que presumiblemente se equivocó de persona, porque ese porcentaje le iba a pedir al otro contratista que le iba a reemplazar a Sotomayor.

El presidente de la Comisión de Fiscalización llamó al asesor de la presidenta de la Asamblea, Julio César Sarango, quien acudió con la exadministradora Gloria Larenas para pedir una solución a este caso, que dijo avergüenza a la Función Legislativa. Al momento no ha recibido ninguna información sobre la solución que implementó la legislatura al respecto.

Este Diario localizó a Pablo Sotomayor, pero no quiso dar su versión, pues afirmó que ha recibido amenazas y que lo único que quiere es seguir trabajando con su empresa en la legislatura.

En la tarde, el equipo de comunicación de la empresa Vending Ecuador emitió un comunicado para aclarar que ningún miembro o asesor del departamento administrativo o la Presidencia de la Asamblea Nacional ha pedido una comisión por mantener el servicio en tal institución. Que la denuncia dice claramente que fue a otro proveedor no al proveedor actual. (I)