Que se defina la conceptualización de “probidad notoria” en el estudio de enmienda constitucional que amplía los requisitos para ser asambleísta, sugieren los directivos de varios movimientos políticos.

El 24 de enero, la Comisión de Enmiendas y Reformas a la Constitución comenzó a trabajar en el proyecto de enmienda al artículo 119 de la Carta Política del Estado, que establece los requisitos para asumir la función de asambleísta, de conformidad con los artículos 73 de la Ley Orgánica de la Función legislativa y 22 del Reglamento de Comisiones.

La norma constitucional vigente determina que “para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos”.

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La proponente de la reforma, la legisladora independiente Sofía Sánchez, consideró necesario ampliar los requisitos e incorporar en la norma constitucional “ser mayor de edad y acreditar a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada”.

Su iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional emitido el 1 de noviembre de 2023.

Para Jimmy Jairala, director nacional de Centro Democrático, más allá de que si la Asamblea la aprueba en dos debates, la enmienda podría prestarse para interpretaciones subjetivas.

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“Me parece que es una reforma llena de subjetividades. Sin embargo, habrá que esperar si la Asamblea la aprueba en los dos debates que sobrevienen”, dijo.

Jairala se centra en la definición de probidad notoria y para explicar su criterio pone como ejemplo a un gestor cultural que no posee título universitario y que no tiene experiencia en la función pública, pero quiere llegar a la Asamblea y su proyecto es fomentar una ley que proteja a los artistas y que haga obligatoria la afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).

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“Estoy poniéndome en un escenario imaginario. Él no tiene experiencia. La probidad notoria también es un tema subjetivo, pero tiene un plan que le sirve para presentarse como un candidato a la Asamblea, sin embargo, puede haber la interpretación subjetiva y desgraciadamente me parece que quizá si no se obra con responsabilidad por parte de las autoridades de los Consejos de las Juntas Provinciales Electorales, o del Consejo Nacional Electoral (CNE), o del Tribunal Contencioso Electoral, alguna persona valiosa, de pronto, puede quedar al margen de la aspiración”, expone el principal de Centro Democrático, que añade: “ni un terno te hace un tipo honesto ni un tatuaje un delincuente…”.

Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), recuerda que este tema de incorporar requisitos de preparación académica y de tener título universitario se ha tratado tiempo atrás y que incluso los tribunales constitucionales y la Corte Constitucional anteriormente se han pronunciado al respecto.

“Yo en lo personal, tengo profundas indiferencias en ese tema por la trayectoria. Yo fui parte del primer Congreso donde había gente con muchos títulos universitarios. Creo que fue un Congreso, en el año 1990-1992. Gente preparada y el Congreso tuvo mil problemas allí: le rompieron la nariz a Jamil Mahuad, el ‘cenicerazo’ a Alberto Dahik, la ruptura de nariz a Vladimiro Álvarez. Luego el uno terminó siendo presidente, el otro vicepresidente, el otro terminó siendo rector de la Universidad Católica; quien le rompió la nariz a Vladimiro Álvarez era el rector de la Universidad Agraria... Ellos fueron los que estuvieron involucrados en el relajo, y vea los títulos universitarios que había de por medio...”, narra Serrano.

El dirigente indica que incluir la frase “probidad notoria” generaría problemas y que tiene que quedar muy claro qué es lo que significa. “Ahí es que justamente para evitar el manoseo político la Asamblea tendrá que sacar un artículo muy bien redactado porque actualmente hay las impugnaciones, las apelaciones a las candidaturas, que en la mayoría de los casos, creo que en un 70 %, son hechas para entorpecer la candidatura X y en un 30 % son hechas realmente porque se justifica. Eso deberá quedar muy bien escrito con la Asamblea, qué entendimiento, qué alcances significa probidad notoria”, recomienda Serrano.

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El presidente del Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), Guillermo Celi, considera que cualquier enmienda que ayude a aumentar los requisitos para ser asambleísta es bienvenida, porque la lógica de su organización es mejorar el nivel de los legisladores.

“La visión es que cómo se mejora realmente la calidad de legisladores... pero ya en muchos de esos casos son requisitos existentes”, dice.

Para Celi, lo primero que hay que hacer es establecer un mecanismo de corresponsabilidad entre los partidos políticos, pero también el ciudadano que es el que vota. “Aquí hay una corresponsabilidad que en el momento de votar el ciudadano tiene que tomar su análisis para tomar la mejor decisión”, remarca.

“Pero más allá de todo esto, de requisitos o no requisitos, lo que sí permitiría mejorar y fortalecer la calidad de los legisladores es lo que venimos proponiendo desde 2019, aproximadamente, como SUMA, para que se establezcan distritos electorales de 100.000 habitantes para elegir un legislador por cada distrito. Y esto es importante porque cuando se elige a un legislador por cada distrito de 100.000 habitantes, esos 100.000 electores tienen la claridad de a quién van a elegir, porque es su vecino o un cercano, y no porque va a estar empaquetado en una lista que no se sabe quiénes están y mucho menos”, comenta.

En cuanto a los requisitos que propone incorporar la asambleísta Sánchez, Celi apuntó que probidad notoria “es una conceptualización extremadamente subjetiva y realmente no va a cambiar en el fondo lo más importante”.

“En SUMA nosotros hacemos corresponsabilidad interna para poder dentro de la democracia interna elegir a las mejores y los mejores, gente que sea decente, que tenga principios, que tenga valores y, obviamente, tenga preparación. En SUMA hemos hecho un gran esfuerzo para poder tamizar y hacer un gran equipo de legisladores, como también de nuestros alcaldes y prefectos”, afirma.

Por su parte, Esteban Bernal, director nacional de CREO, observa que en la iniciativa que se presentó en la Comisión de Enmiendas y Reformas a la Constitución hay un conflicto de carácter constitucional que contradice derechos.

“Es una historia larga, un debate largo en donde podría interpretarse en algún momento en un marco eminentemente constitucional como una especie de restricción de derechos (...) Pero viendo la precariedad de legisladores; por ejemplo, un legislador acusado de diezmos tiene la audacia de denunciar políticamente a un funcionario por cumplir la ley, es obvio que se va a requerir a empezar a repensar de que por lo menos existan parámetros para ser legislador en el Ecuador”, cuestionó con severidad el exministro de Inclusión Económica y Social del gobierno de Guillermo Lasso, que el 25 de enero fue censurado por la Asamblea Nacional.

“Esto ya viene debatiéndose hace mucho tiempo, pero siempre se ha frenado porque la propia Constitución determina la única exigencia para la elección abierta es en el caso del presidente que condiciona 35 años, por lo demás, todos están en el proceso de elegir y ser elegidos en promedio de edad de 18 años. Ha habido esta discusión, poco contradictoria, con lo que a veces demandamos, que existan asambleístas que tengan experiencia, que conozcan leyes...”, menciona el representante de CREO.

“En lo conceptual estoy de acuerdo, en lo constitucional y lo legal habrá que ver finalmente qué disponen instancias como la Corte Constitucional, por ejemplo, porque son temas conceptuales. Habrá que ver qué dice sobre el tema de los derechos”, finaliza Bernal. (I)