A fines de septiembre de 2023, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se sumó a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el 9 de agosto de ese año a manos de sicarios. Una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre autores del crimen fue anunciada en esa ocasión y casi un año después no está claro si esta fue entregada, ya que toda la información que sí habría recopilado la institución sería de carácter reservado.
El FBI fue clave también para extraer la información del teléfono de Villavicencio que el pasado diciembre fue enviada a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque esta llegó fuera del tiempo de la etapa de instrucción fiscal del caso que derivó con cinco sentenciados con penas que van de los 12 a los 34 años de cárcel, pero sin tener aún en claro a los autores intelectuales del asesinato.
El FBI habría accedido al dispositivo móvil de Villavicencio debido a la desconfianza de sus familiares en las autoridades ecuatorianas. En noviembre de 2023, la viuda del exlegislador, Verónica Sarauz, dijo que el celular de su esposo fue entregado directamente a la institución estadounidense.
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¿Qué pasó con la recompensa del FBI?
Sobre la recompensa que EE. UU. ofreció y el rol del FBI en todo el proceso, Amanda y Tamia, hijas de Villavicencio, cuentan a EL UNIVERSO que la información de este tema ha sido limitada, pero que conocen que sí se hicieron acercamientos con personas que buscaron a la institución.
“Lo único que conozco es que hubo alrededor de 30 contactos que se hicieron alrededor de esta recompensa, también se ha dicho que los detenidos por el crimen, los que fueron asesinados en la cárcel, lograron hablar antes con el FBI. El problema es que cuando nosotras queremos al menos saber si eso es verdad, no se ha podido y lo que queremos es saber si eso es verdad, si las cosas van tomando su correcto proceso, porque hemos visto que no se lo ha llevado como en el tema de la reconstrucción de los hechos y como víctimas necesitamos ser parte, no necesariamente saber qué dice o cuál es la información, saber que se está dando un correcto proceso”, cuenta Tamia.
Las hermanas comentan que recibieron de la Fiscalía un mensaje en el que se les indicó que había una doble reserva en el caso, ante lo cual no conocen con exactitud si existe eso o algún número de expediente y si está abierto o no, y rechazan que a sus abogados no se les haya dado acceso a nada y solo les hayan entregado un papel para indicarles que la información tiene doble reserva.
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“Sabemos de esa información, pero no tenemos cómo corroborarla, pero puedo decir también que no sabemos nada porque al final si no tenemos un sustento legal, eso se queda en el aire y seguramente hay más información, $ 5 millones no es poco para motivar a alguien a hablar. Esa fue una de las motivaciones también para el testigo protegido, que fue el que dio todo este esquema también con el cual logramos un poco armar un mapa, una estructura que también se puede encontrar en el especial que lanzamos desde La Fuente Periodismo de Investigación el 8 de agosto”, comenta Amanda.
Por su parte, la abogada de las hijas de Villavicencio, Natalia Salazar, dice que la investigación del FBI tiene mayor relevancia y será clave dentro de la investigación previa que se está siguiendo en busca de los autores intelectuales y para la que la justicia da como plazo dos años.
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“En esa investigación previa -que aún tendría un año, pero dudo que Amanda y Tamia quieran esperar- se maneja lo del FBI, al igual que el tema de la información del teléfono de Fernando Villavicencio, hasta el momento la desconocemos porque es reservada”, menciona.
Asimismo, Verónica Sarauz comentó la semana pasada, en una entrevista en Radio Centro, que el FBI fue más que nada un veedor del trabajo de la Fiscalía y que le dio algunas indicaciones de hacia dónde apuntar, y que de lo que conoce sí se habría pagado la recompensa a alguien.
La viuda del candidato asesinado ha comentado varias veces que el asesinato de los sicarios en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y en la cárcel del Inca, en Quito, se dio después de que hablaron con el FBI y llegaran a un acuerdo para ser trasladados a otro lugar, pero que su muerte se dio porque alguien filtró la información.
Ella ha cuestionado también, en diferentes entrevistas, que exista tanto interés de parte de la Fiscalía en el contenido del teléfono celular de su esposo, ya que lo que la institución debería estar buscando es al autor material del crimen. (I)
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