Poco menos de dos semanas les quedan a los integrantes de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen para entregar resultados a los que lleguen los equipos de trabajo creados para ejes como construcción de política criminal, cooperación interinstitucional y corrupción, reformas operativas y de presupuesto, y reformas en el ámbito normativo.

La iniciativa de la mesa nació del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, ante los “altos niveles de inseguridad por los que atraviesan los ecuatorianos”. Además de la CNJ, en el análisis de los cuatro ejes definidos participan la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, los ministerios de Gobierno y del Interior y la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Autoridades están a favor de constituir mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen; propuesta nace del presidente de la Corte Nacional

Todas las instancias del Estado que participan en la mesa aseguran están conscientes de que la única forma de frenar la inseguridad y criminalidad es fortalecer la cooperación interinstitucional y trabajar de forma conjunta para garantizar y proteger los derechos y libertades de los ecuatorianos.

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Como parte de los análisis que se hacen, por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión en el CJ para tratar la evaluación de fiscales, tema que es calificado por la fiscal general, Diana Salazar, como una “aspiración” de la administración actual. Según Salazar, es necesario para la institución que avance ese proceso, que está paralizado desde hace aproximadamente un año.

A las ocho instituciones participantes podrían sumarse en los próximos días la Procuraduría General, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Para la Comisión de Reformas Normativas, liderada por la CNJ, es importante que estas instancias estén, puesto que ya se determinaron nudos críticos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. De forma conjunta se buscaría analizar las propuestas de reforma que cada institución plantea.

En la reunión inaugural de la mesa, lo cual se dio en Quito el 14 de marzo pasado, se solicitó no solo que las comisiones entreguen resultados aplicables en tres semanas, sino también que se instalen de manera permanente hasta esa fecha de entrega. Cada comisión cuenta con un representante de las ocho instituciones participantes.

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El CJ preside la comisión operativa y de presupuesto, la cual no solo trabaja en un proyecto presupuestario emergente para mejorar y renovar el sistema judicial, sino también analiza acciones específicas para contar con el apoyo de los gobiernos seccionales en temas de seguridad, en propuestas para fortalecer las unidades policiales, para modificar el Sistema Automático de Causas (Satje), el formato de parte policial y crear un registro de personas catalogadas por delitos, entre otros temas.

Finalmente, la comisión de cooperación interinstitucional y corrupción, a cargo del Ministerio de Gobierno, analiza una hoja de ruta para actualizar el protocolo de seguridad para los funcionarios judiciales; mientras que la comisión de construcción de política criminal, liderada por el Ministerio del Interior, levanta un diagnóstico criminológico nacional que incluirá información sobre tipos de delitos, edades de procesados y número de sentencias. (I)