Entidades públicas demandadas por los exdueños de Filanbanco coordinan su estrategia de defensa

Son cuatro las instituciones públicas a las cuales está dirigida la demanda de los hermanos Roberto y Willian Isaías, exdueños de Filanbanco: Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Bancos y Seguros, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y Procuraduría General .La querella, que se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte de Guayas, busca que el Estado ecuatoriano les pague $ 2.000 millones como resarcimiento por la incautación de sus bienes que hizo la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en el 2008.Dicha incautación se dio con el propósito de cobrar a los exbanqueros las deudas que, según las autoridades, mantenían por el rescate del Filanbanco, entidad que pasó al control del Estado en diciembre de 1998. Ellos han negado la existencia de cualquier acreencia pendiente. El abogado de los hermanos Isaías en temas civiles, Ricardo Noboa, señaló que la demanda alcanza a estas instituciones porque tuvieron alguna relación con las incautaciones.Al Banco Central por ser “el sucesor de los derechos de la AGD y la Ugedep”.A Inmobiliar porque es la institución “a donde fueron a parar la mayor parte de los bienes incautados”.La Superintendencia de Bancos “porque es la gran responsable del proceso de las incautaciones”. “El acta de la Junta Bancaria fue firmada por una serie de personas, entre ellas, la superintendenta de Bancos de la época, Gloria Sabando; por lo tanto, fue un factor fundamental en el perjuicio causado a los señores Isaías”.Y a la Procuraduría General por ser la defensora del Estado.La demanda fue admitida a trámite por el Tribunal de Guayas el 27 de diciembre pasado.La Procuraduría General ya fue notificada. De momento se encuentra en análisis del caso, señaló la institución. A propósito de esto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo este 22 de marzo que había conversado telefónicamente con el procurador Íñigo Salvador y que le había pedido que tome “todas las medidas necesarias para precautelar el bien público” .“Es lamentable que existan estos casos que se derivan de lo que sucedió [por] Gobiernos pasados que incautaron activos, en este caso, de la familia Isaías: los administraron mal, muchos ya ni existen, otros se desvalorizaron y ahora nos están causando un problema. No tenga la menor duda, nadie en el Ecuador, que me pondré del lado del pueblo ecuatoriano”, indicó Lasso en su conversatorio de los martes con periodistas.Luego, voceros de la Presidencia recalcaron que “el Estado contestará con toda la contundencia que da tener la razón para evitar el perjuicio al Estado y a todos los ecuatorianos, tanto por estos señores que causaron daño al país como por quienes, al hacer las cosas mal, metiendo la mano en la Justicia, pusieron en riesgo [al] país [de que] sea condenado”.En un comunicado, la Procuraduría indicó este 22 de marzo que “se encuentra coordinando la estrategia de defensa y la contestación a la demanda con las entidades demandadas: Banco Central, Superintendencia e Inmobiliar”. Agregó que el plazo de 30 días que da el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) para que respondan vence el próximo 13 de mayo.Este Diario solicitó información a las otras entidades demandadas para conocer su postura sobre el caso, pero aún no hay contestación.El abogado de los Isaías dijo: “Dentro de la demanda proponemos al Estado una mediación, y estamos aceptando que como parte de ella nos restituyan bienes incautados”. Los $ 2.000 millones que reclaman surgen, según Noboa, de sumar tres rubros: la lista de activos incautados, que son $ 1.548 millones; los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008; y los honorarios pagados a los abogados americanos en los últimos quince años, que ascienden a $ 25 millones.

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