El 5 de agosto de 2024, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización sobre la contaminación de alimentos con plomo, el cual fue elaborado por la Comisión de Salud y recomendó remitir el informe a la Fiscalía General, a fin de que investigue un posible delito de contaminación de sustancias destinadas al consumo humano.
Este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 216 como “Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano” y sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a “la persona que altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud, materias o productos alimentarios o bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano”.
En la norma se establece también que “con la misma pena será sancionada la persona que, conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta o, en la no observancia de las normas respectivas en lo referente al control de los alimentos.” La comisión de esta infracción de manera culposa será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.
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En ese documento, aprobado en el Legislativo, se concluye que hubo una “alarmante inacción” de la anterior administración de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) que no efectuó los controles respectivos pese a las alertas que llegaron incluso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Además, se alerta de una posible presencia de una red de corrupción dentro de la Arcsa que “protege, encubre y otorga certificaciones tramposas a empresarios inescrupulosos, que atentan contra la salud de todos los ecuatorianos al no cumplir con las normas sanitarias nacionales”, se menciona.
También se solicita la actuación de la Contraloría General del Estado para que inicie las acciones de control y se determinen, en caso de existir, las responsabilidades.
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Además se plantea que el Ministerio de la Producción, en coordinación con la Arcsa (una vez que se retiren del mercado los productos contaminados), trabajen en una campaña de recuperación de la confianza en los productores ecuatorianos, a nivel nacional e internacional, y que el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad implementen acciones que permitan identificar qué productos y lugares tienen mayor concentración en los niveles de metales que causan alteraciones.
El legislador Camilo Salinas, coordinador de la bancada de Construye y ponente del informe, expuso que la contaminación con plomo en alimentos es un problema grave que debe ser tratado con urgencia, implementando las medidas necesarias para detectar de forma temprana cualquier tipo de contaminación.
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Planteó que el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) expida la normativa técnica referente a metales pesados en alimentos, analizando la posibilidad de que se incluya una leyenda en la etiqueta, como la que actualmente existe sobre semaforización. (I)
