Con la vinculación del expresidente de la República Rafael Correa Delgado y del exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís, por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la delegación y concesión de la administración del puerto de Manta a la compañía Desarrollo de Negocios Agencias Universales S. A. (Agunsa), aumentan los procesos legales que enfrentan ambos exfuncionarios en la justicia ecuatoriana.
En esta última causa, dentro del examen de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, se hace alusión a que el exministro Solís tenía conocimiento de las actividades de la delegación a concesión sobre la administración internacional del puerto de Manta a la compañía Agunsa, autorizadas por el expresidente Correa. En materia penal las personas responden jurídicamente por las acciones u omisiones, entendiendo como omisión la obligación jurídica de no impedir un acontecimiento cuando están en obligación de hacerlo.
El fiscal de Manabí Paco Delgado Intriago desplazó la causa hasta la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus competencias tome conocimiento por las acciones y omisiones presuntamente cometidas por Correa y Solís y otros servidores públicos.
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Situación legal de Rafael Correa
A través de lo que se denominó caso Sobornos, en el 2020 el expresidente Rafael Correa (2007-2017), el exvicepresidente Jorge Glas y otros involucrados fueron sentenciados a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado.
La Fiscalía demostró la existencia de una estructura que recibía sobornos de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras. La institución investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del movimiento político Alianza PAIS, recibidos por altos funcionarios del gobierno presidido por Correa.
A consecuencia de este caso, el expresidente no tiene derechos políticos y esta medida, en su caso, es permanente a menos que se reforme la Constitución, que está vigente desde 2008. Esto le impidió ser candidato a vicepresidente en las elecciones generales de 2021 cuando fue anunciado para formar binomio con Andrés Arauz, quien perdió en la segunda vuelta contra Guillermo Lasso.
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Asimismo, el expresidente enfrenta un procedimiento de juicio abierto por el presunto secuestro de Fernando Balda. Este no puede ser juzgado en ausencia y mientras no regrese al país, esta causa no puede avanzar.
Hasta 2023, se conocía que la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía 40 denuncias en las que Correa está involucrado.
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La más reciente fue presentada por Ivonne Núñez, como ciudadana, y no en calidad de ministra del Trabajo del presidente Daniel Noboa, el 11 de abril pasado, por emitir, luego de la detención de Jorge Glas en el interior de la Embajada de México, en Quito, declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros pidiendo sanciones para el país e incitando al “pánico”.
Para analizar los hechos denunciados se habría abierto una investigación previa en la Fiscalía, a la que ya ha comparecido Correa nombrando como su abogado defensor a Alfonso Zambrano Pasquel. El líder del correísmo desde mediados de 2017 vive en Bélgica.
La ministra Núñez asegura que continuará con este proceso, fundamentando, dijo, que todas las declaraciones vertidas inicialmente por el “sujeto denunciado, ahora sujeto investigado”, constituyen evidentemente traición a la patria.
El artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de traición a la patria define que será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de diez a trece años, en conflicto armado, la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas.
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Situación legal de Walter Solís
El exministro Walter Solís recibió el estatus de refugiado por parte de México en mayo de 2021. Sobre él pesan dos sentencias: una por el caso Sobornos y en otro caso por peculado, cuando estuvo al frente de la Secretaría del Agua (Senagua), que quedó en firma este año.
En el caso Sobornos fue sentenciado a ocho años de cárcel en calidad de coautor del delito de peculado y se dispuso que pague una indemnización de $ 778.000.
Su segunda condena por corrupción quedó en firme el 4 de enero de 2021. El Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró culpable a Solís como responsable en el grado de autor del delito de peculado y lo sentenció a ocho años de privación de la libertad y el pago de la mitad de $ 2′218.000 por concepto de devolución del perjuicio ocasionado al Estado.
Otro proceso legal al que se lo vinculó recientemente es al caso de Reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2026 por el supuesto peculado. Un juez nacional dictó prisión preventiva contra Solís y medidas alternativas para otros cinco exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa.
En esta causa, la Fiscalía investiga el desvío de $ 367 millones que se recaudaron por la ley solidaria y que debían ser destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016.
En este caso también está procesado el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue capturado en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril y ahora permanece en la cárcel de La Roca cumpliendo sus condenas por corrupción y la prisión preventiva por este caso. (I)
