Las acusaciones que presentó la asambleísta Jhajaira Urresta, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), en el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, giran alrededor de la irrupción y allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, negarse a conceder el salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas y de un supuesto impase en las relaciones bilaterales con Rusia.
Este juicio político fue calificado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre (RC), el 2 de julio de 2024, y notificado a la funcionaria en el mismo día; por lo que a partir de este 3 de julio empezaron a correr los quince días de plazo para que conteste las acusaciones políticas y presente las pruebas de descargo; ese mismo plazo tiene la proponente para presentar las pruebas que sustente sus afirmaciones. Esta petición de juicio tiene 35 firmas de apoyo.
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Irrupción en Embajada de México en Ecuador
Esta acusación toma como referencia los hechos ocurridos la noche del 5 de abril de 2024, y sostiene que un grupo de militares y policías, del denominado “bloque de seguridad”, ingresó por la fuerza a la Embajada de México en Quito.
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Afirma que el Gobierno nacional ordenó a la fuerza pública la irrupción y allanamiento, sin autorización previa, en una delegación diplomática, en clara contraposición a lo que dispone el artículo 22 del Convenio de Viena, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y como consecuencia se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte del Gobierno mexicano.
Todo esto, según Urresta, estuvo coordinado con varios ministerios. La canciller Gabriela Sommerfeld hizo algunos pronunciamientos justificando la irrupción y allanamiento, lo cual fue calificado por la interpelante como “desatinados”, porque sientan un nefasto precedente para el país.
En esta acusación se presentan como prueba videos de José Canseco, jefe de la misión diplomática de México en Quito, sobre la incursión.
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La asambleísta Urresta acusa a la canciller de incumplir sus funciones al no velar el cumplimiento de normas constitucionales, legales y tratados internacionales respecto a la inviolabilidad de la soberanía de los estados.
Sommerfeld, dijo la legisladora, tenía la obligación de velar por las relaciones que mantiene el Ecuador con México, garantizando la solución pacífica de las controversias, sin amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos, como ocurrió en la incursión del 5 de abril de 2024, dejando de lado al derecho internacional como norma de conducta y atentando contra la soberanía de otro país.
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Negativa de conceder el salvoconducto
La narrativa de esta acusación sostiene que el viernes 5 de abril, en horas de la tarde, tras conocerse la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, cancillería sacó un comunicado mediante el cual, basándose en la Convención sobre asilo político de 1933 y 1954, declara que no cabe la concesión de asilo diplomático por haber sido condenado por delitos comunes. Declara la concesión de asilo como un “acto ilícito”, y reitera que no concederá el salvoconducto.
Esta acción, según la interpelante, se realizó en desconocimiento de lo que establece la Constitución y sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho al asilo.
Además, sostiene que la canciller al ser parte del Gobierno y tener información sobre el allanamiento a la Embajada de México, inobservó los principios de resolución pacífica de conflictos, y el no uso de amenaza o fuerza, la independencia e igualdad de los estados, y la no intervención y agresión.
Por lo tanto, la no concesión del salvoconducto, la posterior irrupción y allanamiento de la Embajada de México y la detención del exvicepresidente Glas, es una vulneración a sus derechos pues gozaba de un estatus de protección que impedía su detención. Y reitera que existió un allanamiento sin autorización a la Embajada de México y que se detuvo al exvicepresidente Jorge Glas dentro de dicha embajada, pese a que a ese momento gozaba de asilo diplomático.
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Impase con Rusia
La tercera acusación contra la ministra de Relaciones Exteriores determina un supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, pues no propugnó la solución pacífica de las controversias y conflictos internacionales.
Como prueba incluye declaraciones de la funcionaria del 24 de enero de 2024 en las que supuestamente confirma las gestiones para entregar armamento militar comprado a Rusia, catalogándolo como “chatarra”. Además, dijo: “Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar”.
Sobre este caso, la cancillería rusa señaló que los contratos para la adquisición del material bélico ruso establecen cláusulas que obligan al Estado ecuatoriano a solicitar autorización previa para traspasar esos bienes a terceros países, situación que en este caso no ocurrió.
Lo más grave, sostuvo la asambleísta Urresta, es que el Gobierno nacional debió estar consciente de que el destino de ese armamento sería Ucrania, país que actualmente se encuentra en guerra con Rusia y, por tanto, este accionar implicaba adoptar una postura y un apoyo directo a favor de una de las partes en este conflicto.
Que este accionar del Gobierno nacional y de la ministra rectora de las relaciones internacionales del país implicó un grave perjuicio económico al Ecuador, pues a raíz de esta decisión Rusia adoptó medidas para impedir la importación de banano y claveles.
Pedidos de comparecencia
En el expediente del juicio, la asambleísta interpelante pide a la Comisión de Fiscalización que se llame a rendir testimonio sobre los hechos de 5 de abril al jefe de la misión diplomática de México en Quito, Roberto Canseco; y a la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sobre las relaciones diplomáticas con el Ecuador desde diciembre del 2023 hasta la presente fecha, en relación con el otorgamiento del asilo al expresidente Jorge Glas y el allanamiento a la Embajada de México el 5 de abril de 2024. También se pide la presencia de Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador, para que rinda su versión. (I)
