El Gobierno de Estados Unidos les ha revocado la visa a varios -de lo que se conoce- políticos y funcionarios ecuatorianos en los últimos tres años.

La más reciente en esa lista es la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien relató esta mañana que recibió una comunicación del Consulado de Estados Unidos en Guayaquil informándole del tema, pero no le dio explicaciones. Ella comentó, sin embargo, que el tema no le preocupa. Aunque dijo que algunos medios están “desinformando”, pues se quiere relacionar lo ocurrido con la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra su hijo por presunto intento de tráfico de influencias.

Abad dijo en una entrevista que esto demuestra el “nivel de hostigamiento” al que se está llegando.

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La funcionaria indicó que los abogados de su hijo le han dicho que no hay pruebas contundentes en su contra dentro de la mencionada investigación.

La misión diplomática de Estados Unidos en Ecuador ha explicado que el visado “es un privilegio, no un derecho”, y que la revocatoria es parte de su trabajo para “avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”.

A continuación, EL UNIVERSO reseña algunos de los casos de cancelación de visas:

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1. En diciembre del 2021, el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick dijo en una entrevisa con un portal digital que su Gobierno le retiró los visados a una serie de “narcogenerales”, que no identificó.

Pocos días después se conoció que había aplicado esa medida al general Víctor Aráuz, que había sido dado de baja y luego reintegrado a las filas policiales; y a su abogado Diego Chimbo.

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2. En enero del 2022, en una declaración de prensa, la embajada indicó que había revocado las visas de no migrantes de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, “al determinar que ya no califican para estas visas”. Entre ellos estaba, por ejemplo, el jurista Jorge Acosta, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero no se conoció la lista completa.

3. En marzo del 2022, el Departamento de Estado estadounidense informó que había declarado al expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz y parte de su familia como “no elegibles para ingresar” a su territorio, alegando “su participación en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos”. “Durante su mandato como presidente de Ecuador, Bucaram se involucró en múltiples actos de corrupción, que incluyen aceptar sobornos y malversar fondos públicos. Bucaram todavía no ha rendido cuentas por su traición a la confianza pública”, indicó en un comunicado.

4. En junio del 2022, el exlegislador correísta Ronny Aleaga informó a través de sus redes sociales que le habían revocado su visa. La embajada no comentó los motivos, pero él aseguró que se trataba de una “proterva campaña” en su contra. “Es evidente que se aplica el lawfare, en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso. Es cuestión de tiempo para que la justicia y la verdad brillen”, tuiteó Aleaga, quien ahora está procesado por el caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada alrededor de la figura del fallecido narcotraficante Leandro Norero.

5. En octubre del 2023, Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), hizo público que había sido notificado por la Embajada de Estados Unidos en Quito respecto al retiro de la visa y que le había pedido explicaciones. Según él, se trata de una persecución política en su contra que se inició cuando él se negó a retirarse del cargo por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso.

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Muñoz está preso en la cárcel de máxima seguidad La Roca, de Guayaquil, ya que está procesado en el caso Independencia Judicial, en el que se investiga el presunto delito de obstrucción a la justicia. Además fue llamado por la Fiscalía como testigo en el caso Metástasis, en el que está implicado su excolega Wilman Terán, que fue presidente de la Judicatura. (I)