En su último discurso público el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dejó una estela de señalamientos y acusaciones escandalosas que comprometen a equipos de fútbol, medios de comunicación, funcionarios judiciales (jueces y fiscales), sistema financiero y empresas exportadoras, con estar supuestamente involucrados con actos de corrupción y el crimen organizado.

El 7 de diciembre, en un evento en Quito, Fitzpatrick dijo que los corruptos no solo mueven fichas en el sector público, sino que lavan dinero en bienes reales, cuentas bancarias y empresas ficticias de exportación.

Añadió que los testaferros de los corruptos incluso están usando algunos equipos de fútbol para lavar dinero.

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Dijo también que se ha visto “el desplome de algunos medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos”.

Que los tentáculos de la corrupción intentan apoderarse del sistema judicial. Por ello hizo un llamado a “sancionar con mano dura a jueces y fiscales que responden a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de impunidad”.

Llegó a decir que hay líderes de los sistemas de control que en lugar de aportar con soluciones a los problemas, “negocian la justicia y acuerdos políticos e intereses personales directamente con criminales”.

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Las polémicas expresiones de Fitzpatrick no estuvieron acompañadas por datos precisos o nombres de las personas a las que se refirió.

Sus denuncias fueron generales, como en ocasiones pasadas, lo que deja abierta la puerta a un sinnúmero de interpretaciones.

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Algo similar ocurrió cuando en diciembre de 2021 habló de supuestos “narcogenerales” que estaban siendo investigados. Tampoco dio nombres.

El caso resonó por meses, las autoridades de aquel momento anunciaron acciones, la Contraloría auditó los patrimonios de la cúpula de la Policía Nacional y halló algunos indicios. No obstante, hasta el momento no se ha juzgado a nadie en relación con el tema de los ‘narcogenerales’.

Lo que sucedió fue que la Embajada, por su cuenta, a raíz de las denuncias de Fitzpatrick, retiró visas a autoridades, exfuncionarios, abogados privados, un general de la Policía, entre otros.

Hay quienes consideran que el diplomático se ha extralimitado al pronunciarse por asuntos internos del país. Otros ven positivo que el funcionario revele temas sensibles y que con ello se presione a instituciones y autoridades locales a actuar, aunque al final no se han visto resultados concretos.

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Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social e investigadora de temas de crimen organizado, comentó que el último discurso del embajador deja ver que el funcionario posee basta información sobre sus denuncias, porque además el presidente Daniel Noboa se ha comprometido a trabajar de manera coordinada con los Estados Unidos.

Una cosa es que Fitzpatrick revele presuntas irregularidades, otra cosa es que por falta de voluntad política las autoridades de turno no hayan estado a la altura de las circunstancias y hayan dejado que las denuncias se diluyan, sin que nada cambie, opinó Zumárraga, poniendo como ejemplo que el gobierno de Guillermo Lasso no dio resultados luego que el embajador habló de los ‘narcogenerales’ y tampoco cumplió su oferta de depurar a la ex cúpula de la Policía Nacional.

“Esperemos que esta vez (en la administración de Daniel Noboa) sí haya una voluntad política de depurar al menos un poco la cúpula policial, que estaría involucrada en este tipo de declaraciones que nos da el embajador, porque se sabe que la Policía estaría infiltrada por las organizaciones delincuenciales y narcocriminales. No es solo que el presidente quiera, sino que también haya un esfuerzo de la Fiscalía de iniciar investigaciones”, comentó la exdirectora de Rehabilitación Social y recalcó que la depuración debe extenderse a todos los estamentos de la Función Judicial.

Ante las generalidades dichas por Fitzpatrick, el Gobierno debería contactar al embajador y pedirle de forma reservada más información, pruebas y evidencias. Los servicios de inteligencia norteamericanos, seguramente, conocen con más exactitud quiénes son las personas involucradas en actividades irregulares, comentó Jean Paúl Pinto, experto en seguridad y prospectiva.

“Acá la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), la DGI (Dirección General de Inteligencia) podrían actuar para tratar de judicializar a los periodistas, equipos de fútbol, etcétera, que podrían estar insertos en esto”, dijo Pinto.

A criterio del experto, la alerta dada por el diplomático estadounidense es importante y merece ser explorada a fondo, con pruebas y trabajo coordinado. Caso contrario, la denuncia no trascenderá de ser una noticia más que causa revuelo y podría quedar en el olvido, como pasó con los ‘narcogenerales’.

“El Gobierno ecuatoriano podría emitir una protesta (a Estados Unidos) porque el embajador se está inmiscuyendo en asuntos internos. O lo que se debería hacer es crear un canal de comunicación, de intercambio de informes de inteligencia, para que el Gobierno ecuatoriano pueda actuar y judicializar los casos”, reflexionó Pinto. (I)