El Ministerio de Defensa será la institución que coordine con sus pares de Estados Unidos las operaciones combinadas en contra del crimen organizado, luego que la Corte Constitucional (CC) emitió dictámenes favorables a dos tratados internacionales en materia de seguridad y defensa.

El 11 de enero de 2024, por votación de seis de nueve jueces de la Corte Constitucional se resolvió que no se requerirá de un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para que la Presidencia de la República pueda ratificar el Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, suscritos en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso Mendoza.

El organismo concluyó que no requieren del trámite legislativo porque no incurren en ninguna de las causales del artículo 149 de la Constitución y ordenó que se devuelva a la función Ejecutiva para que continúe el trámite.

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Con ello, el jefe del Gobierno, Daniel Noboa Azín podrá suscribir el decreto ejecutivo en el que ratifique la vigencia de estos instrumentos, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución que determina que un tratado «solo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea Nacional haya sido notificada sobre el mismo».

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, confirmó que de los términos de la cooperación bilateral entre los cuerpos de seguridad de Ecuador y Estados Unidos se encargará el Ministerio de Defensa.

Por ejemplo, el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas permitirá que autoridades, funcionarios, militares de los Estados Unidos puedan estar temporalmente en el territorio ecuatoriano por visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre.

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Sommerfeld -en un diálogo con representantes de medios de comunicación este miércoles- afirmó que al ser un tema relacionado a la seguridad, no podía aclarar en qué lugar o recinto se ubicará el personal norteamericano para las operaciones combinadas. Incluso por razones de seguridad, enfatizó que dicha información no sería pública para evitar posibles actuaciones de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO).

El vicecanciller de Relaciones Exteriores, Carlos Larrea, precisó que tanto Ecuador como Estados Unidos procesarán los instrumentos de acuerdo con sus leyes internas para ponerlos en ejecución. Y, una vez que la Corte Constitucional ha dictaminado que no se requiere de aprobación del Parlamento, al Gobierno nacional le corresponde notificar con la ratificación de los tratados para que Estados Unidos también «haga lo propio».

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La crítica situación de violencia que enfrenta el Ecuador obligó al presidente Noboa a declarar estado de excepción y conflicto armado interno que activó el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos, de los Estados Unidos.

Su presidente, Joe Biden envió una delegación de alto nivel, que se encuentra en Quito, para coordinar acciones de combate al crimen organizado y está encabezada por Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas; Laura Richardson, comandante del Comando Sur; y Christopher Landberg, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley.

Justamente, este 24 de enero los funcionarios mantuvieron un encuentro en el Ministerio de Defensa, con el alto mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) y el ministro, Gian Carlo Loffredo.

En la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se informó que la Comandante General del Comando Sur, Laura Richardson, se reunió con Loffredo «para dialogar sobre los esfuerzos para fortalecer la cooperación en defensa. Los Estados Unidos está comprometido a apoyar la seguridad del pueblo ecuatoriano». (I)

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