En la puja por la póliza de seguro tras la explosión del radar de Montecristi (Manabí), la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la compañía aseguradora Interoceánica tratan de encontrar en la justicia ordinaria una solución a su conflicto.

El excomandante de la FAE Gabriel García Urbina presentó el 28 de septiembre una acción de protección en contra de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para que Seguros Interoceánica reconozca un valor de $ 2 millones por costos de operación, tras la explosión del radar militar ubicado en un cerro de Montecristi, que iba a ser utilizado para la vigilancia y control de las aeronaves que transportan sustancias ilícitas.

El juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, Bolívar García Pinos, la admitió a trámite, pero desde entonces, las audiencias se han suspendido por lo menos en cuatro ocasiones.

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La última convocatoria a audiencia fue para este jueves 21 de diciembre del 2023, aunque los resultados no se conocen.

Por su parte, la compañía Interoceánica interpuso una acción de protección en Guayaquil, el 11 de noviembre pasado, también en contra de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Defensa, que recayó en el despacho del juez Víctor Medina Zamora.

El magistrado admitió a trámite el recurso y negó el pedido de medidas cautelares. Aunque no se conoce cuál sería el objetivo.

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Se convocó a audiencia el 23 de noviembre; a la reinstalación el 29 de noviembre; se la difirió para el 8 de diciembre; y, para el 18 de diciembre, que es el último registro de llamados que constan en el sistema electrónico de la Función Judicial.

Mientras tanto, el actual comandante de la FAE, Celiano Cevallos Calderón, pidió a la Superintendencia de Compañías que disponga la liquidación forzosa de Interoceánica al considerar que se niega a pagar la indemnización por $ 2 millones.

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Con esos recursos, la institución castrense espera alquilar por un año un radar a la empresa Advanced Navigation Positioning Corporation (ANPC), por similar valor.

El 30 de agosto de 2023, la Intendencia Nacional de Seguros aceptó un reclamo administrativo planteado por el excomandante Gabriel García en contra de la aseguradora y le dispuso pagar como indemnización a favor del Ministerio de Defensa el valor de $ 2 millones por la cobertura «incremento del costo de operación», prevista en la póliza de equipo electrónico. La orden aún no se cumple.

Aunque Interoceánica apeló, la Superintendencia, presidida por Marco López Narváez, negó el pedido que iba en contra de la resolución de la Intendencia Nacional.

Seguros Interoceánica informó que en «ningún momento se negó el reclamo presentado y nunca se ha negado a hacer el pago». Pero considera que no han recibido los documentos que habiliten y respalden el valor límite a cancelar a favor del asegurado.

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Una vez «que Interoceánica cuente con los respaldos y realice los análisis, procederá conforme a lo que establece la ley», informó la empresa y advirtió que recurrirá a las instancias legales hasta agotarlas.

El conflicto alrededor del cobro de esta indemnización se inició debido a que el 7 de noviembre del 2021 se produjo una explosión en el radar LTR-20 que colocó la FAE y el Ministerio de Defensa para el control y vigilancia aérea en el cerro Montecristi un 27 de octubre de ese mismo año.

La Fiscalía General formuló cargos en contra de catorce miembros de la FAE por su presunta participación en un delito de sabotaje por la destrucción del aparato.

En las investigaciones, en las que hubo asistencia penal internacional de los Estados Unidos, se determinó la presencia de residuos de explosivos plásticos en el lugar, que requieren de un manejo especializado. Además, se indicó, son de gran capacidad destructiva y dejan poco rastro después de estallar, informó el organismo.

Hace pocas semanas, el fiscal asignado a la investigación había reformulado los cargos y cambió el tipo de delito por el de omisión dolosa. (I)