Una sentencia reducida de cuatro meses de cárcel por el delito de concusión recibieron la mañana de este jueves, 15 de mayo, Jimmy Jiménez y Elena Ortega, hermano y cuñada de la exasambleísta por la provincia del Guayas Bella Jiménez, quien también es procesada por exigir dinero a cambio de la vinculación laboral de personas a la Asamblea Nacional. La decisión la tomó el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Rodríguez.
Tanto Jimmy Jiménez como Elena Ortega recibieron una pena menor a los tres y cinco años definidos en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), debido a que se acogieron a la figura de procedimiento abreviado, es decir, reconocieron ambos los hechos que se les atribuyen dentro de la instrucción fiscal abierta el 9 de octubre de 2024.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoEnFamilia: la fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso los elementos obtenidos durante la investigación, en los que se describe el nivel de participación de Jimmy Steven J. T. en el delito de #Concusión. pic.twitter.com/LveJnWVu5I
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 15, 2025
En esta causa también se acogió al procedimiento abreviado la exlegisladora Jiménez, mientras que su hijo Jorge P. J. sigue siendo procesado penalmente en lo que se ha ubicado por Fiscalía como caso Familia.
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Ambos procesados ubicados como cómplices reconocieron de manera voluntaria la aplicación del procedimiento y los hechos atribuidos. En el caso de Jimmy Jiménez, a él se lo relaciona con el cobro de un cheque de $ 2.500 que fue entregado por Scarlet Lindao, a quien le ofrecieron un trabajo como asistente 2 en la Asamblea Nacional; mientras que a Elena Ortega se la acusó de que como cuñada de la entonces asambleísta Jiménez realizó una llamada a Scarlet Lindao con la finalidad de ofrecerle el cargo de asistente 2 en el despacho de la legisladora y que le exigió la cantidad de $ 6.000 a cambio.
En su momento, la fiscal general, Diana Salazar, quien asistió de forma presencial para estos procedimientos abreviados, afirmó que desde hace varios años la administración pública se ha convertido en el objeto apreciado de quienes, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos, buscan aprovecharse de estos espacios para obtener beneficios económicos indebidos.
Según la acusación general del caso, Jiménez, una vez posesionada en su cargo y actuando ya en su rol como legisladora, porque le fueron entregadas sus credenciales el 22 de abril de 2021, a través de la aplicación WhatsApp le habría exigido a Pablo Luna un monto de $ 3.000 a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo y el 11 de marzo de 2021 se le habrían entregado las credenciales.
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Como consecuencia, ante dicha exigencia, el 27 de abril de 2021, Pablo Luna realizó una transferencia bancaria a la cuenta perteneciente a Jorge P. J., hijo de la exasambleísta. Con el pago realizado, la hoy exasambleísta Bella Jiménez habría solicitado a la presidencia de la Asamblea Nacional la vinculación laboral de Pablo Luna, quien ocupó el cargo de asesor del nivel 2.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoEnFamilia: en relación a Elena del Rosario O. P., la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, describe los hechos aceptados por la procesada durante la audiencia y fundamenta la aplicación del procedimiento abreviado. pic.twitter.com/0BidVdwziC
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 15, 2025
Como segundo caso en el que se habría exigido dinero a cambio de un cargo en el despacho de la entonces asambleísta Jiménez, se explicó que el 21 de abril de 2021, Elena Ortega, cuñada de Jiménez, realizó una llamada a Scarlet Lindao con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional. Esta oferta laboral se habría realizado directamente en el despacho legislativo de Bella Jiménez y se exigía la cantidad de $ 6.000 a cambio de su contratación.
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“Ante esta exigencia, el día 4 de mayo de 2021, la denunciante entrega el cheque número 191 del Banco Internacional, perteneciente a la empresa (...), donde prestaba servicios la denunciante durante 16 años, por la suma de $ 2.500, mismos que fueron entregados y cobrados por Jimmy Jiménez, debiendo recalcar que existió un acuerdo con este ciudadano por la diferencia faltante cuando se efectivice la contratación como asistente 2 en la Asamblea”, sostuvo la fiscal general.
A consecuencia de este pago, se agregó, el día 18 de mayo de 2021, Bella Jiménez habría solicitado la vinculación de Scarlet Lindao para ocupar el cargo de asistente 2 en su despacho en la Asamblea Nacional. No obstante, una vez contratada y transcurridos aproximadamente dos meses, el 26 de julio de 2021, a través de un correo electrónico se le habría notificado a la denunciante con la terminación de su contrato como asistente 2, sin recibir ninguna explicación.
A la pena de cárcel impuesta para ambos se sumó que cada uno debe pagar una multa de diez salarios básicos unificados ($ 4.700) y cancelar una reparación económica a la víctima de $ 2.500. También se dispuso, como parte de la reparación inmaterial, la publicación de un extracto de esta sentencia por seis meses en la página web de la Asamblea Nacional.
El defensor público que representó a Jimmy Jiménez y Elena Ortega pidió que se les aplique la suspensión condicional de la pena y que se defina una audiencia en la que se analice este pedido. Además, se solicitó que para la efectivización de la condena de cárcel para Ortega se debía tener en cuenta las ocho semanas de embarazo que mantiene. Rodríguez señaló que se tomará en cuenta lo dispuesto en las normas y por CNJ para el caso de mujeres embarazadas que se acogen al procedimiento abreviado.
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El procedimiento abreviado para Bella Jiménez no se pudo concretar debido a que el abogado que la representa, Kevin García, no se presentó a la diligencia por problemas médicos presentados solo horas antes de instalarse la audiencia en la CNJ. (I)