Fausto Murillo advierte a los asambleístas tener cuidado de que atrás del juicio político esté la mafia del narcotráfico moviendo los hilos

El vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, al concluir su exposición en el juicio político en su contra advirtió a los legisladores tener cuidado que atrás del juicio político esté la mafia del narcotráfico moviendo los hilos; nada hay oculto en esta tierra, tiempo al tiempo, alertó. El funcionario de la Judicatura pidió al pleno de la Asamblea Nacional reflexionar sobre las acusaciones planteadas en su contra que, a su criterio, no tienen asidero porque no ha incumplido ni se arrogó funciones, por el contrario, ha honrado a la Asamblea y que es el único vocal que no está involucrado en actos reprochables. “Cuidado, en este juicio político esté atrás la mafia del narcotráfico movimiento los hilos, nada hay oculto en esta tierra, tiempo al tiempo”, subrayó Fausto Murillo, al invitar a los legisladores a acabar con una tolerancia cultural a la corrupción, a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico, y dijo que hay que ir por la cultura de la legalidad, la justicia, la Constitución y la institucionalidad. Dijo que se activa el juicio político porque hoy el país está frente al nuevo concurso de jueces, pues con su moción echó abajo y se declaró nulo el concurso de jueces que llevaba adelante una estructura de corrupción, por eso Fausto Murillo es un obstructor de la toma de la justicia y tiene que ser censurado y destituido, reflexionó. Indicó que en febrero de 2023, cuando fue nombrado Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura junto al vocal Xavier Muñoz y la vocal Maribel Barrero, quien sospechosamente no está en este juicio político, formaron una mayoría y en una sola sesión, sin informes, removió a casi todos los directores nacionales, a todos los subdirectores, directores provinciales y en Latacunga la directora puesta por esa mayoría está involucrada y hoy detenida en la cárcel por delitos de corrupción, y esa directora estuvo integrando el comité de recalificación de méritos para el concurso de jueces de la Corte Nacional; y esa mayoría designó como director jurídico al coordinador de despacho de Wilman Terán, y en poco tiempo lo designaron director provincial de Chimborazo. Ahí no hubo juicio político y tampoco los socialcristianos y la Revolución Ciudadana dijeron hay que pedir cuentas, hubo “mutis en el foro”, reclamó. El funcionario intervino en el pleno a las 15:45 hasta las 17:15, para presentar sus alegatos de defensa sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas. Luego de su intervención participó en el pleno el exvocal Juan José Morillo. En el proceso se atribuyeron cinco cargos en contra de Fausto Murillo; de ellos, se lo involucra en dos delitos: el primero, en un presunto tráfico de influencias sobre un tema en que él dijo que nunca tuvo participación, puesto que el antecedente de ese presunto hecho fue en una reunión en la que participaron los entonces vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno. Afirmó que en esa reunión no ejercía el cargo porque estuvo con licencia antes y después del supuesto hecho. Señaló que pretende inculparlo de este hecho de manera estratégica para incluirlo en un solo informe en la Comisión de Fiscalización de que sea juzgado políticamente en el mismo proceso, junto a Juan José Morillo, cuando las responsabilidades políticas son individuales como lo señala la misma ley orgánica de la Función Legislativa. Según Murillo, la petición del juicio planteada por el exlegislador Luis Almeida (PSC) no invoca una de las causales de las previstas en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial que tiene relación con la intromisión en el ejercicio de las competencias de los jueces y juezas, fiscales, defensores; la comisión de delitos de concusión, peculado y enriquecimiento ilícito o manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. Para incumplir funciones, añadió, se debe poner en un marco de las funciones que le asignan el Código Orgánico de la Función Judicial, pero como es político los sustanciadores del juicio se convirtieron en los agudos acusadores. Reclamó que las pruebas testimoniales, documentales, audiovisuales que presentó no fueron valoradas en el proceso y simplemente fueron enumeradas. Murillo indicó que se le atribuye el delito de arrogación de funciones y esa acusación la tildó de maliciosa, porque toman como referencia la sentencia de la Corte Constitucional emitida el 26 de septiembre de 2022, donde incluso se altera el contenido de esa sentencia que nunca señala una arrogación de funciones. Indicó que el proceso constituye una persecución política comandada por los socialcristianos y correístas. Recordó a los legisladores que la sentencia de la Corte Constitucional regula procedimientos a futuro, y de esa forma determina que Álvaro Román será el suplente de cualquier persona que asuma la Presidencia del Consejo de la Judicatura; por lo tanto, la supuesta arrogación de funciones no existe, puntualizó. Además, dijo que la Corte Constitucional jamás hubiera permitido que Murillo se haya arrogado funciones. En su exposición de alegatos trajo a colación que la mafia pretendió meter la mano y para eso, en agosto de 2022, cuando enfrentaba su primer juicio político, según los chats del caso Metástasis, los involucrados Leandro Norero y Daniel Salcedo anunciaban que tumbarían el Consejo de la Judicatura presidido por Murillo, tras el juicio político. Los interpelantes en ese proceso eran Luis Almeida (PSC) y Viviana Veloz (RC), afirmó el acusado. Insistió en que es una falacia el pretender atribuirle el delito de arrogación de funciones, y que si no tuvieran la inmunidad parlamentaria, enfrentaría una consecuencia penal. La otra acusación es omitir la acusación en contra de Juan José Morillo y Maribel Barreno. Indicó que él nunca tuvo en su poder los audios por los cuales fueron procesados los dos vocales de la Judicatura, y además el caso fue denunciado ante Fiscalía General del Estado por el entonces asambleísta Ricardo Vanegas. Quien sí tuvo los audios fue el expresidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquicela y omitió su obligación moral y legal de denunciar. Fausto Murillo manifestó que fue el presidente de la Judicatura que más se preocupó por la reconstrucción de edificio de la Corte Provincial de Manabí, y señaló que la contratista RPJ, faltando dos días de que termine el plazo para entregar la obra, consiguió del municipio de Portoviejo un impedimento, pero que en el 2022 actuó para establecer una multa de $ 2 millones, y la contratista presentó una acción de protección y la jueza le dio la razón, pero dos semanas más tarde la Corte de Manabí rechazó el pronunciamiento de la jueza. No es verdad que Fausto Murillo no hizo nada; por lo tanto, no hay incumplimiento de funciones por no entregar la reconstrucción del Palacio de Justicia en Manabí, insistió. (I)

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