Una instrucción fiscal cerrada, seis personas procesadas por aparentemente intervenir en la parte material del asesinato, un testimonio anticipado dado por un testigo protegido que afirma que conoció de los preparativos del crimen y una investigación previa abierta para descubrir a los autores intelectuales del delito. Ese es el resumen de los tres meses que han transcurrido desde que Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato al final de un mitin político, parte de lo que era su candidatura a la Presidencia de la República.