El asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no solo es investigado desde la perspectiva penal, por la Fiscalía General del Estado, sino que también genera que se abran dos análisis de tipo administrativo. Estas segundas indagaciones estarán a cargo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, a través de las direcciones de Inteligencia y Asuntos Internos.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, lo fundamental que se busca es determinar si los procedimientos y protocolos en el plan de seguridad dispuesto para el candidato y las alertas que genera la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI), las cuales dan pie a acciones posteriores, se cumplieron.

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Una vez se confirmó el asesinato de Villavicencio, la tarde del pasado 9 de agosto, luego de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito, empezaron las críticas sobre si funcionaron o no correctamemnte los anillos de seguridad que debían mantenerse para el presidenciable a quien le determinó la propia DGI un 97 % de riesgo repecto a su seguridad.

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Las críticas han llegado desde la familia de la víctima, del general en servicio pasivo y hoy candidato a la Asamblea Patricio Carrillo e incluso de Christian Zurita, quien fue definido como el reemplazo de Villavicencio para las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo.

El comandante de la Policía, general Fausto Salinas, en rueda de prensa al siguiente día del asesinato, aseguró que Villavicencio mantenía una cápsula de seguridad con tres cercos: un cerco interno que habría estado conformado por cinco servidores policiales que le daban seguridad inmediata; un cerco intermedio de reacción constituido con el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden; y dos patrulleros que completaban el cerco externo.

En el ataque resultaron heridos tres policías del equipo de seguridad que le brindaba protección al presidenciable y además fueron heridas seis personas, entre ellas la candidata a la reelección a la Asamblea Nacional Gisella Molina.

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El ministro Zapata explicó que incluso las investigaciones de Asuntos Internos pueden llevar a determinar si existirán o no sanciones. “Yo conversé con los equipos de seguridad y (...) ellos dirán su versión en la investigación. Por eso, no quiero adelantarme a generar conceptos y criterios que tiene que decirnos la investigación. Cuando de esta investigación salga un producto estaré con el mando (policial) dando a conocer a la ciudadanía”, señaló el titular de la cartera del Interior.

Ya en el tema penal, a la Fiscalía le quedan 24 días para recabar información que abone a la teoría de que los seis ciudadanos colombianos a quienes se les formularon cargos tuvieron una participación directa en el asesinato del candidato que representaba a la alianza Gente Buena-Construye. A inicios de esta semana, en la sede de la Fiscalía General ya se dio la primera reunión con los dos agentes del FBI de Estados Unidos que colaborarán en el proceso investigativo del crimen.

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Zapata ha señalado que el paso siguiente, una vez ya se ha detenido a los posibles responsables materiales del asesinato, es definir quién o quiénes están detrás del crimen como él o los autores intelectuales. “A eso es adonde debemos y llegar y en donde haremos esfuerzo común tanto la Fiscalía, la Policía y el Gobierno”, aseveró.

Por el momento, la Fiscalía continúa con el peritaje de las armas encontradas y la explotación de los celulares incautados a los seis procesados. Entre los datos preliminares que habrían arrojado estas pericias está, por ejemplo, el que las armas incautadas han sido utilizadas en otros hechos violentos de homicidios intencionales que se habrían registrado en Quito (Pichincha), Machala (El Oro), Guayaquil (Guayas) y Santo Domingo de los Colorados (Santo Domingo de los Tsáchilas).

Otra información que se maneja es que los seis aprehendidos, más el ciudadano, también de origen colombiano, que falleció el 9 de agosto en la Unidad de Flagrancia, en Quito, luego de ser detenido cerca de donde se dio el ataque, llegaron al país hace menos de un año y habrían ingresado de forma irregular.

A Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. se les formuló cargos por el delito de asesinato y sobre ellos pesa la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplen en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, ubicado en el sur de Latacunga. Hasta allá fueron trasladados horas después de que un juez de flagrancia dio inicio a una etapa de instrucción fiscal de 30 días de duración. (I)

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