La discusión y posible aprobación del reglamento para el concurso público de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado podría darse este viernes en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aunque se mantienen discrepancias entre los siete consejeros sobre las atribuciones que tendrían para resolver las impugnaciones y hasta poder declarar la nulidad del concurso o desierto.
Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana continúan en reuniones a puerta cerrada para elaborar un reglamento que será la base del concurso público de méritos, oposición e impugnación para la designación del titular de la Fiscalía General, que reemplace a Diana Salazar Méndez.
Hay tres proyectos borrador en análisis para que de ahí surja un solo texto que guíe los procedimientos para elegir a esta autoridad que, en principio, estará a cargo de una comisión ciudadana, bajo la supervisión del Consejo de Participación.
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Una propuesta de normativa es la de Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y Nicole Bonifaz López.
El segundo proyecto es iniciativa del presidente Andrés Fantoni Baldeón, que tiene el respaldo de Johanna Verdezoto del Salto y Jazmín Enríquez Castro.
Un tercero sería del despacho de Juan Guarderas Cisneros.
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Este debate se inició a mediados de agosto por impulso de Verduga y, si bien hubo coincidencias iniciales para que los postulantes a ser fiscal rindan una prueba oral y haya la intervención de una veeduría internacional, también hay desencuentros que podrían dejar la decisión a quienes tengan los votos, es decir, a la facción que sume una mayoría de cuatro votos de los vocales o más.
Entre el martes y el miércoles se produjeron dos reuniones de las autoridades y sus asesores, y sobresalieron dos temas que disgustaron de la propuesta de Andrés Fantoni, en la que se sugiere declarar la nulidad del concurso de selección.
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La idea es que, como parte de las competencias que tendría el pleno del CPCCS, está el poder declarar la nulidad total o parcial del proceso, con base en un informe no vinculante que elaboren los abogados del organismo.
Asimismo, la atribución de declarar desierto el concurso, con base en un informe jurídico no vinculante.
Que los consejeros conozcan y acepten las renuncias de los postulantes y excluirlos del concurso de forma definitiva.
Respecto de las impugnaciones a la probidad, ética y cumplimiento de requisitos de los participantes, el texto borrador de Fantoni propone abrir una fase de apelaciones a las resoluciones de admisibilidad o inadmisibilidad que haga la comisión ciudadana.
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En esta línea de trabajo, lo que se verifica antes de admitir a trámite una impugnación es el cumplimiento de requisitos formales, como la firma del impugnante, su número de cédula, lugar de notificación y la presentación de pruebas que demuestren los hechos denunciados.
De ser admitida a trámite, pasará a audiencia pública para que presenten sus pruebas de cargo y descargo los impugnantes e impugnados.
Otra fase de última y definitiva instancia en la que el CPCCS se pronunciaría sobre las apelaciones a las resoluciones de las impugnaciones admitidas a trámite por la comisión ciudadana.
Es decir, el pleno del Consejo podría resolver las apelaciones a las resoluciones sobre las impugnaciones que hayan sido desestimadas o calificadas a trámite por los comisionados.
Otro artículo que se incorporaría es que para la calificación de los méritos de los concursantes se haga un software específico, que el Consejo tendría que comprar o desarrollar.
La iniciativa reglamentaria de Fantoni tiene el apoyo de las consejeras Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez, y lo dejaron sentado en un documento al que titularon “Aprobación integral” al proyecto de reglamento.
Ellas aseguran que revisaron la propuesta y confirmaron que cumple con los estándares y principios para designar autoridades, que hicieron aportes para mejorarlo y fueron acogidos; que es un avance para fortalecer la participación y recomiendan su adopción formal por los demás consejeros.
Verdezoto, recién electa vicepresidenta del CPCCS con los votos de Fantoni, de Enríquez y de Guarderas, expuso propuestas de artículos, como que la calificación de los méritos se haga sobre 50 puntos y no sobre 100, como ha sido habitual.
Pero sí que se otorguen puntos por acción afirmativa, ya sea porque un postulante se identifica como afroecuatoriano, montuvio o indígena, que son aspectos contemplados en los reglamentos de elección de autoridades desde la existencia del CPCCS (2010).
También propuso que se den puntos por acción afirmativa a aquellos concursantes que hayan sido abogados, jueces o fiscales en zonas rurales.
La consejera Yadira Saltos critica que el propósito de la facción de mayoría sería entorpecer el concurso para que no se elija al reemplazo de Diana Salazar, cuyo periodo culmina en abril del 2025.
Ejemplificó que el tener un sistema tecnológico nuevo para la calificación de los méritos es “inadmisible e inaceptable”, ya que lo “que pretenden es retrasar el concurso al plantear comprar o desarrollarlo”, expresó.
Las discusiones, en mesas técnicas, continuarían este jueves para llevarlo al debate público en una sesión extraordinaria que se haría este viernes, de llegar a consensos.
En el 2019, en el último concurso que efectuó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición para elegir a la autoridad de la Fiscalía General, hubo 17 postulantes, entre ellos Merck Benavides Benalcázar, que ocupó el segundo puesto (después de Diana Salazar), y es actual vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).
También, Javier Bósquez Villena, agente fiscal de Pichincha, que alcanzó el tercer lugar y es hermano del asambleísta Henry Bósquez, que se separó del movimiento político de la Revolución Ciudadana (RC); y José de la Gasca López Domínguez, embajador de Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, que estuvo en lugar trece de los aspirantes. (I)
