Fiscalía General del Estado vincula a 17 personas más en el caso Plaga y pide al juez que dicte prisión preventiva

Este sábado 29 de junio, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de vinculación de 17 personas al proceso en el que la Fiscalía General del Estado investiga el delito de delincuencia organizada, cuyo caso se conoce como Plaga.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al juez de la causa que dicte prisión preventiva para todos los procesados a quienes acusó de autores del delito de delincuencia organizada. Fiscalía realizó una serie de allanamientos desde la madrugada de este sábado en cinco provincias del país.

Caso Plaga: un juez detenido y allanamientos en cinco provincias ejecuta la Fiscalía

Salazar dijo que se trata de una red de corrupción que constituyó un sistema parajudicial para la venta de sentencias y excarcelaciones de cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, especialmente, de la banda Los Lobos, narcotraficantes, asesinos y de políticos corruptos.

La fiscal general del Estado, en la audiencia, señaló al abogado Cristian Giovanny R. como cabecilla de la red, quien es procesado en otros casos de corrupción, prófugo de la justicia y exdefensor del narcotraficante fallecido Leandro Norero.

Cristian R., según la fiscal, direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad. Su participación estaba dirigida a gestionar los traslados de un centro de rehabilitación social a otro, cuya jurisdicción era controlada por sus operadores judiciales. Además, procuraba coordinar las intervenciones en las audiencias previamente arregladas con sus socios jurídicos. También tramitaba la emisión de certificados médicos adulterados con el fin de que sean utilizados como insumo dentro de los recursos de garantías jurisdiccionales y medidas cautelares aplicadas, para beneficiarse económicamente. Sus acciones se ponían en marcha a través de sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales, personal administrativo a cargo de los sorteos de causas, jueces de unidades judiciales, hasta llegar a jueces del más alto nivel.

En la audiencia, Salazar señaló que esta red trabajó con exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas como Jorge A., quien concedió boletas de excarcelación a través de habeas corpus para colaboradores de Fabricio Colón P., de la organización Los Lobos, por $ 70.000.

En la lista de los vinculados la Fiscalía nombró a Danny Andrés O. Z., exfuncionario de control disciplinario del Consejo de la Judicatura y funcionario del SNAI en el centro de privación de libertad de El Oro, quien habría facilitado la emisión de boletas de excarcelación a cambio de beneficios económicos.

Luis Abelardo L. L., juez de Huaquillas, su participación habría estado destinada a emitir la resolución favorable de acción de protección con medida cautelar y, en consecuencia, las respectivas boletas de excarcelación en favor de los líderes del GDO Los Lobos José Andrés M. B., alias San Andrés, y Wilson P. C., alias Brazudo, a cambio de $ 30.000.

Bryan Guillermo P. Z., abogado en libre ejercicio, habría colaborado con el grupo criminal en la gestión de pagos a funcionarios judiciales, prestó su credencial de abogado a fin de presentar una acción de protección con medida cautelar en favor de los líderes del GDO Los Lobos.

Javier Enríquez G. C., abogado colaborador de Cristian R. (procesado en Metástasis), su participación habría consistido en facilitar la entrega de sobornos a operadores judiciales, así como el manejo de beneficios económicos obtenidos por el grupo organizado.

Xavier Raúl A. B., exfuncionario del centro de privación de libertad Azuay No.1, se dedicaba a manejar el área jurídica del referido centro, lo cual le permitía facilitar la emisión de boletas de excarcelación, así como captar a personas privadas de la libertad para conseguir beneficios económicos.

Jonathan Roberto A. S. habría participado en su rol de facilitador de la cúpula criminal en actividades de diversa índole, como redactar las demandas de medidas constitucionales y las resoluciones para los jueces que liberaban ilegalmente a los ciudadanos recluidos en los centros de privación de libertad, así como intervenir en la gestión de pago de sobornos.

Jorge Eduardo A., juez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, su participación habría sido otorgar la libertad a los colaboradores de uno de los líderes del GDO Los Lobos, Fabricio Colón P., con el pago de $ 70.000, que Cristian R. le habría entregado.

Adriana Carolina Z. C., jueza de la Unidad Judicial del cantón Milagro, conoció la acción constitucional de habeas corpus otorgando el efecto inter comunis a favor de Andreína O., conviviente del líder del GDO Los Lobos Wilson P., alias Brazudo, autor del asesinato de Leandro Norero Tigua.

Víctor Samuel V. N., abogado en libre ejercicio, habría facilitado, por medio de su pareja sentimental, María José L., el sorteo de la causa destinada a la liberación de los líderes del GDO Los Lobos Luis Alfredo A. y Jairo Fernando Z. a cambio de $ 35.000, que habrían sido repartidos entre él y el juez sorteado.

Galo Efraín L. G. habría colaborado desde su rol de operador de justicia, también formó parte del tribunal que emitió la resolución favorable de una acción de habeas corpus que permitió la libertad de un procesado por tráfico de migrantes a cambio de $ 60.000.

Patricio Armando C. C., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, su rol de colaboración sería similar al del procesado Jorge Efraín M. B., pues también formó parte del tribunal que resolvió la acción de habeas corpus a favor de un procesado por tráfico de migrantes a cambio de $ 60.000.

Jorge Efraín M. B., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, habría colaborado con la presunta cúpula criminal, aceptando una acción de habeas corpus para favorecer a un procesado por tráfico de migrantes a cambio de $ 60.000, que habrían sido gestionados por el presunto líder Cristian R. (I)