La noche del sábado 20 de enero, Daniel Salcedo fue trasladado del Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha n.º 4, más conocido como Cárcel 4, al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, conocida como cárcel de Latacunga, y en redes sociales se mencionó la existencia de un supuesto “acuerdo de cooperación eficaz firmado con Fiscalía”, que la institución descartó este domingo.

“Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales: ninguno de los mencionados en esta publicación ha suscrito un acuerdo de cooperación eficaz y recuerda a la opinión pública que esta técnica especial de investigación es reservada”, escribió la institución en su cuenta de X, antes Twitter, junto a una imagen con el texto de falso encima.

Salcedo permanecía en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, desde el 18 de enero, un día después de que fue deportado de Panamá la noche del miércoles 17 por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con el caso Metástasis. La Fiscalía General del Estado había dicho que tenía previsto solicitar que no permanezca en este centro y que este pedido llegaría “al juez pertinente y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

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Salcedo estuvo preso allí hasta finales del 2022, después de que un juez de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores con sede en el cantón Paján, provincia de Manabí, dispusiera su libertad.

Su estadía no estuvo exenta de polémica, ya que se viralizó un video de él cantando descamisado La bomba junto con otros reos, mostrando una bebida que promocionaba el presentador de televisión Efraín Ruales, asesinado en enero del 2021.

La Fiscalía recordó este hecho y, por ello, anunció que elevaría la solicitud al juez pertinente y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), ya que dicha cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, mas no como un “privilegio”.

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El ahora procesado en el caso Metástasis ha sido sentenciado por delitos de lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. (I)