La adquisición de siete helicópteros Dhruv en el año 2008, por parte del Ministerio de Defensa, motivó a que la Fiscalía General del Estado formule -este miércoles- cargos en contra de quince personas por el presunto delito de peculado.

Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instaló la audiencia a las 08:00 y Diana Salazar, fiscal general, detalló los elementos que hacen presumir la existencia de ilegalidades.

Estarían involucrados los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval.

También son parte de la lista de quienes la Fiscalía cree que tienen parte en los hechos el excomandante de la Fuerza Aérea Rodrigo Bohórquez, el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales, el exjefe de Estado Mayor de la FAE y presidente del Comité de contrataciones de la FAE en el proceso de adquisición de los helicópteros Leonardo Barreiro.

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También Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE, y Luis Valverde y Merwin Villagrán, integrantes del Comité de Contrataciones de la FAE en el proceso de adquisición de helicópteros.

Además Vicente Illescas, Wilson Alemán, coroneles (sp) de la FAE, Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE, el capitán de fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres, quienes fueron miembros de la Comisión de Análisis de Ofertas en el proceso de adquisición de los helicópteros.

De acuerdo con Salazar, si bien se argumentó la necesidad de las aeronaves no se justificó estadística ni técnicamente el número de helicópteros a ser adquiridos, ¿por qué no ocho, por qué no seis? se preguntó.

Agregó que se promovió una resolución para declarar emergente la compra de los helicópteros con la sola finalidad de “transgredir los principios de la contratación pública”, usando la excepcionalidad.

Además, que hubo la modificación de documentos precontractuales suprimiendo y eliminando requerimientos técnicos establecidos en las bases.

La fiscal aseguró que la declaratoria de emergencia fue con la única finalidad de direccionar la adquisición a la compañía Hal (Hindustan Aeronautics Limited) de la India.

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Salazar agregó que el contrato no cumplió con los presupuestos de emergente dado que se aceptó una entrega fragmentada y no se garantizó la operatividad de las aeronaves.

“Los helicópteros no estaban debidamente integrados con sus instrumentos y componentes de navegación imprescindibles...”, añadió.

Salazar mencionó que no solo hubo un perjuicio económico, sino que también hubo pérdida de vidas humanas.

De los siete helicópteros Dhruv adquiridos por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Salazar explicó que cuatro de ellos se accidentaron con saldo de tres fallecidos (entre 2009 y 2015) y tres aeronaves están inoperativas por fallas en su estructura.

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“Este proceso de contratación se encuentra viciado desde la fase preparatoria hasta la ejecución del mismo, las actuaciones sistemáticas de sus funcionarios infringen el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública”, expresó.

Tampoco se cumplieron con certificaciones de aeronavegabilidad.

Se erogaron $ 63 millones, indicó, de acuerdo con una experticia contable en la cual se determinaron los costos de inversión estatal en la operatividad y funcionamiento de los helicópteros.

Por ello, a su criterio, hubo peculado y pidió prisión preventiva para las quince personas como medida cautelar, pues sostuvo que se busca asegurar la comparecencia de los procesados y que algunas personas salieron del país.

De Sandoval, quien fue ministro de Defensa entre 2007 y 2008, la fiscal Salazar indicó que solicitó y aprobó la declaratoria de emergencia para la compra de los helicópteros sin motivación legal alguna ni técnica, ya que las necesidades emergentes del país en defensa aérea estaban dirigidas a la adquisición de radares, de aviones de reacción inmediata y en tercer plano a la compra de esos helicópteros.

Sobre Ponce, Salazar expresó que fue ministro de Defensa entre 2008 y 2012 y suscribió el contrato de compra de los helicópteros con la empresa Hal, cuyos anexos discrepan de la oferta presentada, y dispuso a la comisión de recepción que no se registren las novedades encontradas porque el único objeto era que el Estado reciba esos helicópteros “defectuosos” para generar el pago.

Tras la fundamentación de Fiscalía, el juez Rivera dispuso un receso de la audiencia pasadas las 11:00. (I)