A la Fiscalía General del Estado (FGE) le preocupan varias propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se discutirán en el pleno de la Asamblea Nacional la mañana del jueves 15 de febrero.

A decir de la entidad liderada por la fiscal Diana Salazar estos cambios podrían dar cabida a la “impunidad en causas penales” que ya tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas.

Uno de los planteamientos que provocan el “rechazo” de la entidad tiene que ver con la inclusión de informes de comisiones de derechos humanos como nueva evidencia para la aplicación de recursos de revisión de sentencias.

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Aquello sería incorporado como quinta causal para dicho proceso, modificando el artículo 658 del COIP.

En respuesta, el Ministerio Público señaló en un comunicado el miércoles 14 de febrero que los comités de derechos humanos “no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.

“No solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que además irrespeta la institución de cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas, pues si banalizamos su procedencia todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad”, comentó la institución.

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La segunda reforma que alarma a la Fiscalía es que se obligaría a la institución a archivar investigaciones previas de delitos que no han prescrito, en caso de no hacerlo serían sancionados los titulares de las acciones penales.

Al respecto, la entidad precisó que hay casos cuyas investigaciones pueden demorar varios años. Además, recordó que la Constitución establece que la titularidad de la acción penal le compete únicamente a Fiscalía.

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Un tercer tema de preocupación es que se pretenda levantar la reserva de las investigaciones previas que lleva adelante la Fiscalía. La propuesta de reforma al artículo 584 del COIP es que se excluya de la reserva de las investigaciones previas y que el Ministerio Público entregue toda la información de esos procesos cuando lo solicite el Parlamento, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Se puntualiza que la información deberá ser proporcionada, “sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada, en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación”.

Sobre esto, la Fiscalía considera que se pondría “en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos” que ejecute la entidad en coordinación con la Policía Nacional.

Enfatizó que la cláusula de reserva tiene como fin “procurar efectividad en la persecución del delito, garantizar el tratamiento adecuado de datos personales y respetar la presunción de inocencia de los involucrados”.

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Adicionalmente, la Fiscalía afirma que en todo el proyecto de ley que busca reformar el COIP está presente un “atentado contra la seguridad jurídica”. Que se pretende incluir la imprescriptibilidad de ciertos delitos “sin análisis ni estudios políticos-criminales previos”.

El pleno de la Asamblea Nacional se instalará a partir de las 10:00 para debatir el paquete de cambios al COIP.

En total son 86 reformas, de acuerdo con el informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El texto reúne 47 proyectos de reformas al Código Integral Penal. (I)