Luego que se reinstaló la audiencia de juicio del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado aclaró que tiene abierta otra investigación para determinar otros posibles involucrados, intelectuales y materiales, en el crimen del excandidato presidencial.

El pronunciamiento del Ministerio Público se produce tras el cuestionamiento que hizo este 26 de junio en la diligencia la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz.

Sarauz señaló que encontró una contradicción entre el testimonio del testigo protegido de la Fiscalía, José Patricio A., y declaraciones personales de la fiscal general, Diana Salazar.

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Sarauz recordó que el testigo protegido dijo que había escuchado que el “precio” de la cabeza de Villavicencio era de $ 200.000 y que la orden de matarlo había salido “del gobierno de Rafael Correa”; sin embargo, la fiscal general ha dicho que “existía un contrato por un millón de dólares por dos personas” para matarla a ella y a Villavicencio. “Quisiera que nos comente al país entero y a la familia (de Villavicencio) de dónde tiene ella esa información, ya que el testimonio del testigo protegido no menciona nada de lo que ella ha dicho nacional e internacionalmente”, manifestó.

Dijo que también quisiera saber por qué no se ha vinculado al caso a alias Chino Onda, quien fue señalado por el testigo protegido como el que lo quiso contratar para el crimen.

En este sentido, la Fiscalía expresó que continúa investigando en un nuevo expediente a “las personas que quedaron pendientes”, que se identificaron en los últimos días de la instrucción fiscal del caso Villavicencio, “con el objetivo de procesarlos y no dejar el crimen en la impunidad”.

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Según la Fiscalía, luego de la aprehensión de seis personas en una operación ejecutada horas después de ocurrido el crimen, el 10 de agosto formuló cargos y abrió una instrucción fiscal de 30 días contra los involucradas debido a que el procedimiento fue en circunstancia flagrante.

El 7 de septiembre del 2023 se ejecutó un operativo para detener y vincular al caso a otras siete personas. A ellos se le formularon cargos el 8 de septiembre, por lo que el plazo de la instrucción se amplió por treinta días más, indicó.

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El Ministerio Público agregó que a las 11:30 del 8 de octubre de 2023 receptó el testimonio anticipado del testigo protegido, Juan Patricio A., tras lo cual conoció que existirían otros presuntos involucrados en el asesinato de Villavicencio, y a partir de ahí abre una nueva investigación previa, porque ese día se vencía el plazo de duración de la instrucción fiscal de la primera causa, que es la que se encuentra en etapa de juicio, y conforme los plazos previstos en la ley ya no se podía vincular a más personas. (I)