Gobierno anuncia consulta ciudadana para política anticorrupción y ratifica composición institucional de la nueva comisión anticorrupción

Este jueves 9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción, el Gobierno nacional presentó los lineamientos generales de la política pública anticorrupción, anunció que realizará una consulta ciudadana para su consolidación y ratificó que la Comisión Nacional Anticorrupción que creará estará integrada por autoridades institucionales.

La consulta ciudadana se realizará entre enero y marzo del próximo año y servirá para que, en abril, el Gobierno realice el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción.

El presidente Guillermo Lasso explicó que el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la política nacional anticorrupción y su estrategia de lucha, a través de la consulta nacional inclusiva y los lineamientos generales de esa política.

En tanto, según Lasso, la Comisión deberá coordinar la implementación de la estrategia anticorrupción y las políticas dirigidas por la Función Ejecutiva y que, para su conformación, ha considerado invitar a las otras funciones del Estado.

Así, esta Comisión tendrá una composición institucional, como ya lo mencionó a Diario EL UNIVERSO el consejero gubernamental en esta área, Luis Verdesoto, en noviembre, y estará integrada por los titulares de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Función Judicial, la Función Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades (AME), el Consorcio de Gobierno Provinciales (Congope).

Y como observadores, sin voto, se prevé la presencia de los titulares del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), los superintendentes, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación y los gremios”.

Comisión Anticorrupción del Gobierno será integrada por autoridades de instituciones públicas y tendrá carácter preventivo

Entre las intervenciones habilitadas en el Salón Olmedo de la UASB, estuvo la de Víctor Granda, docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), quien señaló que la Comisión Nacional Anticorrupción debe ser una iniciativa ciudadana porque tiene que investigar las denuncias de corrupción y luego vigilar que los órganos de control y justicia cumplan, y preguntó si existe la apertura del Gobierno.

Lasso respondió que existe apertura del Gobierno, que es necesario recuperar la relación con la sociedad civil y respetar sus espacios, que el “Gobierno tiene la obligación de tomar la iniciativa” y que le parece bien que una “veeduría ciudadana pueda dar seguimiento a los principales casos de corrupción”.

Entre las funciones de la Comisión, que deberá “cooperar con las funciones del Estado”, estarán proponer normas y procedimientos para el sector público, examinar la calidad del gasto público y plantear acciones anticorrupción.

“La lucha contra la corrupción estabiliza la democracia y el desarrollo económico, es una columna de la gestión de mi gobierno que será una política de Estado, aceptada en el consenso ciudadano (...). La corrupción resta recursos para el desarrollo del país, para programas sociales...”, señaló el presidente.

Al respecto, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) manifestó que los anuncios del presidente Guillermo Lasso de una política pública anticorrupción y creación de una Comisión Interinstitucional Anticorrupción son positivos, pero cuestiona el carácter institucional de la Comisión.

“Sin embargo, esto último (la conformación de la Comisión) no corresponde con su propuesta de campaña de crear una comisión internacional anticorrupción con apoyo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y tampoco con su compromiso de involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones”, agregó la FCD en un comunicado.

Los lineamientos de la política pública anticorrupción tienen un énfasis preventivo, pero de acción inmediata y con orientación a largo plazo, dijo el presidente Lasso, al señalar que es importante estar atentos a la calidad del gasto público, la disciplina fiscal y la austeridad financiera, y que la contratación pública es objeto de constante preocupación y hay que contar veedurías ciudadanas.

Además, es necesario aprobar nuevos instrumentos jurídicos sobre conflicto de intereses, puertas giratorias, cabildeo y transparencia de la gestión pública, reforma la Ley de Datos Personales, entre otros, dijo Lasso.

Lena Savelli, coordinadora residente de Naciones Unidas, señaló que la corrupción cuesta millones en todo el mundo, permite el crimen y la explotación, compromete la recuperación de la pandemia, que luchar en contra de la corrupción es una tarea de todos, que reconoce el papel del Gobierno para lograr una gestión pública más transparente y combatir la corrupción, pues solo así Ecuador podrá avanzar al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, reducción de la pobreza, igualdad de género y mayor acceso a servicios.

Al inicio del evento, el consejero gubernamental anticorrupción Luis Verdesoto manifestó que la rectoría de la política nacional anticorrupción consiste, fundamentalmente, en la prevención, colaborar con el fortalecimiento institucional y generar sistemas de seguimiento.

“Se trata de formular, luego de un proceso de consulta a la ciudadanía, una propuesta de política de Estado concreta y específica asentada en el consenso; la política y estrategia anticorrupción valdrá lo que valgan los sistemas de seguimiento público-estatal y de la sociedad”, concluyó Verdesoto. (I)