Penas de hasta 30 años en delitos vinculados con la delincuencia organizada, como asesinato, sicariato, trata de personas y secuestro extorsivo, determinó el gobierno de Daniel Noboa en el proyecto de Ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado que envió a la Asamblea Nacional el lunes 13 de mayo tras el respaldo mayoritario de la población en el referéndum y consulta popular celebrado el pasado 21 de abril.