Llamar a rendir versión al exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal y solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que remita un informe ejecutivo del exvicepresidente Jorge Glas es con lo que continúa la investigación previa abierta en junio del 2019 en contra de doce personas ante un posible delito de acción pública ocurrido en las obras y proyectos que se realizaron como parte del Plan de Reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

La fase de investigación previa se inició con base en un informe de indicios de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Esa instancia hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas, gastos generados en los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad y de las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos realizados luego del terremoto en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

La CGE analizó la suscripción de contratos utilizando fondos provenientes de la Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto de abril de 2016.

Tres meses antes de que se iniciara la investigación previa, marzo del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio aprobó un informe en el que se analizó el uso de recursos utilizados en la reconstrucción por el terremoto del 2016. Entre las conclusiones se recomendaba investigar a Carlos Bernal, como exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reconstrucción Productiva, por delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Publicidad

Justamente Bernal ha sido llamado a rendir versión en este caso el 7 de septiembre próximo, a las 11:30. La versión libre, voluntaria y sin juramento, a pedido del investigado, será por vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos. La coordinación de la diligencia quedó en manos de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.

Entre el 6 y 7 de septiembre próximos, la fiscal general Diana Salazar también dispuso las versiones de nueve personas más, entre ellas, Ramiro Leonardo Galarza, empresario a quien se le habría asignado, según el Consejo de Participación transitorio, obras por cerca de $ 284 millones, sea a título personal o como representante de 40 compañías y consorcios.

Otros dos empresarios sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 plantean vías para cancelar reparaciones económicas impuestas para el Estado

De Galarza se dijo que el contratista, quien habría tenido relaciones comerciales del 2016 al 2018 con la empresa Construhidrocab, había edificado obras con supuestas “anomalías técnicas en la infraestructura e incremento de costos a través de contratos complementarios”.

Galarza es uno de los diez empresarios condenados dentro del caso Sobornos 2012-2016 en calidad de autores directos del delito de cohecho pasivo agravado. Galarza es buscado por las autoridades y debe pagar una reparación integral de $ 778.000.

Además de Glas, quien mantiene tres sentencias por actos de corrupción: dos en firme, por asociación ilícita relacionada a Odebrecht y por cohecho pasivo agravado en el caso Sobornos, y una de primera instancia, por peculado en el denominado caso Singue, la Fiscalía también pide a la UAFE que emita informes de los movimientos económicos de Bernal, de Galarza y de otras 16 personas.

El informe del CPCCS transitorio indicaba que Bernal constaría como fundador de la empresa Construhidrocab, su cuñado Xavier Vélez Ruperti era el representante legal y su esposa, Denisse Vélez Ruperti, era accionista. Aparentemente, Bernal, siendo secretario técnico, habría contratado a esa constructora por $ 398 millones para la implementación de obras relacionadas con la reconstrucción.

Publicidad

El sismo de abril de 2016 destruyó las instalaciones eléctricas en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De los Vélez Ruperti también la Fiscalía pide a la UAFE que emita informes de sus movimientos económicos del periodo 2016-2021.

Al CPCCS la Fiscalía le solicitó una copia certificada del memorando que tiene como referencia al detalle de los casos de investigación conocidos y tramitados respecto a los procesos de investigación durante el periodo transitorio de los casos denominados Casos Emblemáticos de la Reconstrucción de Manabí, aprobado el 13 de marzo de 2019.

CPCCS pide investigar obras hechas por sismo

Para la Fiscalía también es importante recabar información en la Presidencia de la República, la CGE, los ministerios de Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, de Gobierno, entre otros, así como a empresas que participaron en obras y proyectos de construcción y reconstrucción realizados luego del terremoto del 2016.

Por ejemplo, la Fiscalía pide documentos del proceso de contratación para el puente del río Jama, para la rehabilitación de trece unidades policiales priorizadas en Pedernales, información de CNEL EP sobre el soterramiento de cables en Bahía de Caráquez, redes subterráneas eléctricas y redes de telecomunicaciones en Pedernales, UVC Pedernales Sur, mercado en el cantón Chone, malecón de Bahía de Caráquez, facilidades pesqueras de Chamanga, y otros más. (I)