La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional recomendó al pleno del Parlamento que declare ilegítima la deuda contraída por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FM), que se llame a juicio político al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y se activen los mecanismos para demandar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo.
La comisión, presidida por el legislador Patricio Chávez (RC), con ocho votos a favor y una abstención aprobó, este fin de semana, el informe sobre el proceso de fiscalización a la firma del acuerdo entre el FMI y el Estado ecuatoriano.
En el mes de abril de 2024, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, con un acceso equivalente a $ 4.000 millones. La decisión del directorio permitirá a las autoridades un desembolso inmediato equivalente a $ 1.000 millones, que estaría a disposición del presupuesto público.
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En la comparecencia realizada el 19 de junio pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, sostuvo que el acuerdo con el FMI ha generado un programa para atender problemas emergentes cuyos beneficios son los siguientes: sostenibilidad fiscal, reducir retrasos con acreedores, reactivación de la economía, ampliar la red de protección social, fortalecer la dolarización y mejorar la resiliencia del sector financiero, fortalecer la transparencia y gobernanza.
Tras el proceso de fiscalización, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social concluyó que el préstamo concedido al Estado ecuatoriano no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino el pago de la deuda generada por préstamos anteriores del FMI o de acreedores externos que son tenedores de la deuda.
Además, sostiene que no hay evidencia de que el crédito otorgado por el FMI tenga como destino paliar el déficit de gasto social o para inversión social. Lo que se espera es que el Estado ecuatoriano pague deuda externa con el mismo crédito para evitar caer en default y tenga acceso a nuevos mercados de inversión.
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Que el 29,7 % de ese monto ($ 2.761 millones) corresponde a la deuda con el propio FMI, por créditos obtenidos con anterioridad, y el resto estaría destinado a pagar a otros acreedores del Estado.
Por esos motivos, concluye el informe, la firma del acuerdo con el FMI por parte del Estado ecuatoriano incumplió la obligación contenida en los artículos 418 y 419 de la Constitución, que imponen la obligación al presidente de la República de informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido, por lo que el acuerdo suscrito con el FMI, que posee características de tratado internacional, debía ser previamente aprobado por los legisladores.
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Los legisladores sostienen que el Gobierno ecuatoriano incumplió lo determinado en el artículo 290, literales 2 y 3 de la Constitución, relacionado con las condiciones para el endeudamiento público; esto es, que la deuda pública que se contraiga no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza y que se destine exclusivamente para programas y proyectos de inversión para infraestructura.
El documento también señala que el Gobierno nacional no ha presentado un estudio económico detallado y debidamente fundamentado, en el que se analicen las ventajas y desventajas económicas, políticas, sociales y ambientales que representa para sus ciudadanos la eliminación de los subsidios a la gasolina. Que es poco claro el mecanismo de compensación para los transportistas y el impacto transversal que tendrán estas políticas de focalización.
Que tampoco hay evidencia o información proporcionada por el Gobierno ecuatoriano que sustente que el ahorro que supondría la eliminación de los subsidios estaría destinado a aumentar la inversión social.
La responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se enmarca en lo establecido en el artículo 131 de la Constitución, al no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 418 y 419 y en la resolución expedida por el pleno de la Asamblea Nacional; por lo tanto, es evidente el incumplimiento de las funciones del funcionario.
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Recomendaciones
El informe establece siete conclusiones, entre ellas, declarar que el acuerdo de crédito SAF suscrito con el FMI el 25 de abril de 2024 carece de validez y eficacia al incumplir los artículos 418, 419 y el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución.
Que la deuda contraída por el Estado ecuatoriano a través del acuerdo de crédito SAF suscrito con el FMI de 25 de abril de 2024 incumple lo establecido en el artículo 290, literales 2 y 3, de la Constitución sobre las condiciones para el endeudamiento público.
Por lo tanto, la comisión recomienda al pleno solicitar que se declare la ilegitimidad de la deuda contraída por el Ecuador a través de la firma del acuerdo para el crédito SAF con el FMI el 25 de abril de 2024 y pedir al Gobierno ecuatoriano que se abstenga de pagar o requerir los desembolsos derivados de este acuerdo.
Los comisionados recomiendan al pleno iniciar el juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, por incumplimiento expreso de las obligaciones constitucionales establecidas para la firma de tratados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución.
Además, que el pleno de la Asamblea Nacional declare que el acuerdo suscrito con el FMI el 25 de abril de 2024 violenta los derechos económicos, sociales y culturales, en especial el derecho a la salud, al trabajo, a la cultura, a la seguridad social, a la progresividad y no regresividad.
También piden que la Asamblea Nacional active los mecanismos constitucionales disponibles para demandar la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo del acuerdo firmado por el Ecuador con el FMI.
Que el pleno de la Asamblea Nacional requiera o exhorte al directorio del FMI para que elimine, condone o perdone las sobretasas o recargas que viene cobrando al Ecuador, al ser el quinto país más endeudado con este organismo. (I)
