Lo último que hizo Luis Verdesoto, antes de renunciar el lunes a la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, fue presentar al presidente Guillermo Lasso un informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en empresas públicas.

El reporte surge en medio del escándalo por supuestos actos de corrupción en las empresas estatales, por el cual la Fiscalía ha iniciado una investigación previa y en la Asamblea Nacional se creó una comisión multipartidista que realizará un proceso de fiscalización y control político.

Luis Verdesoto renuncia a la secretaría anticorrupción en medio del escándalo por presunta corrupción en las empresas públicas

Contiene siete hipótesis y varios indicios de situaciones que darían espacio a posibles actos ilícitos en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), así como en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

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Una de las hipótesis tiene que ver con el mecanismo de “franquicia”. Según el texto, esto suponte la “entrega” del “usufructo y control corrupto” de empresas públicas o sus gerencias a un particular o grupo. “La retribución o franquicia supone pago de una mediante “cuota constante”, directa o pactada, a favor o concertada entre los niveles gerenciales.

Otra apunta a supuestas compensaciones, que se asocia a la posible preparación de las decisiones gerenciales de alto nivel de las empresas públicas que -al sugerir, imponer o aprobar proyectos- derivan en contratos sin fundamento técnico.

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Así mismo, se presume que un funcionario, que podría tratarse del presidente de la EMCO, podría haber “direccionado” los términos de referencia de los contratos, sus resultados o repartido los beneficios ilícitos de ciertas operaciones.

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Se exponen, también, una supuesta competencia coludida para la adjudicación de contratos, la sospecha de la existencia de un grupo corrupto, lavado de activos mediante la contratación pública -que operaría mediante la injerencia externa de grupos de interés a través de cabildeadores, la permisividad de la autoridad y un entramado de conexiones accionarios- y hasta conflicto interempresarial.

Según el informe presentado por Verdesoto, los supuestos grupos de corrupción relacionados con las empresas públicas podrían operar por dos vías: dentro de las entidades, por sí solos o con la intervención de un agente interno, que ocupa un nivel gerencial; y, a través de la injerencia de agentes externos con influencia sobre el nivel jerárquico superior.

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En el documento resalta que la información expuesta “en sí misma no es una prueba”. Y anticipa que las conexiones deben ser probadas. Además, explica que la Secretaría Anticorrupción compilará y entregará información a las autoridades, Fiscalía, opinión públicas, y periodismo de investigación. “Sus conclusiones son pistas formuladas desde hipótesis.

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)

Dentro de la empresa se infiere que el grupo corrupto comprende el equipo de áreas técnicas y de apoyo, sus directivo de área y gerencia general. Esta última habría sido captada, presuntamente, por proveedores del sector eléctrico.

Se sospecha que aquello pudo llevar a construir términos de referencia y parámetros de calificación a medida. Se presume que los beneficios ilícitos se recolectan y entregan mediante cuotas ordenadas por la máxima autoridad o los operadores de su confianza.

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Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec)

La empresa opera como un monopolio dentro de su sector. Posee doce buques de carga, de los cuales solo dos son de propiedad de Flopec, cuatro son alquilados y seis son aportados por un socio de la empresas.

Según el texto, se conoce que Flopec incurre en costos onerosos de alquiler de buques, los cuales reflejan que equivalen a $ 30.000 diarios frente a ofertas que no superan las dos terceras partes de ese valor.

Además, se advierte que la empresa tiene cuatro subsidiarias en el exterior que no rinden cuentas al Estado sobre sus ingresos, gastos y manejo empresarial.

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Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)

Se advierte que el alto poder de decisión concentrado en el presidente del directorio de la EMCO, que a su vez preside 12 directorios de empresas públicas, representa un riesgo.

La concentración de información privilegiada podría derivar en riesgos de corrupción como presuntos conflictos de interés tanto como tráfico de influencias, direccionamiento de contrataciones, entre otros.

La Secretaría Anticorrupción resalta que se puede inferir que la presidencia del directorio de la EMCO podría haber actuado, de modo decisivo, en las contrataciones de los gerentes generales de las empresas públicas.

La Secretaría recomienda que la indagación debe dirigirse a las personas que han presidido la EMCO desde enero de 2020 hasta la actualidad; se trata de Marco Ávila Rodas, José Andrés López, Hugo Orellana, Hernán Luque Lecaro, y Joaquín Ponce.

Adicionalmente, la entidad resaltas que se identifica la necesidad de expandir fuentes de información para analizar el círculo cercano a Hernán Luque Lecaro. En este requerimiento se incluyen a nueve personas más: Leonardo Cortázar, Oswaldo Rosero, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Quiroz, Enrique Bocca Morán, Héctor Suárez, Cinthya Cabrera, Rubén Chérrez y Juan Ribas Domenech. (I)