La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe que recomienda el juicio político contra el exministro del Interior Juan Zapata, por supuesto incumplimiento de funciones. La mesa legislativa sesionó la tarde el lunes 20 de mayo.

En el informe, que obtuvo los votos a favor de los ocho asambleístas presentes, se responsabiliza a Zapata por la crisis de inseguridad. El juicio político es impulsado por el legislador Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano (PSC).

A Zapata se lo responsabiliza por mal manejo de la seguridad interna, al no haber ejecutado por completo el presupuesto del Ministerio del Interior y por el incremento de las muertes violentas en el país.

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El proponente del juicio argumenta que el exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso no destinó los recursos necesarios para enfrentar la inseguridad y combatir al crimen organizado.

La falta de ejecución presupuestaria impidió la adquisición de equipamiento y armas para la Policía Nacional.

La comisión defendió lo actuado en torno a este proceso y que se notificó correctamente a Zapata. Además, en el informe consta que el exfuncionario “decidió de manera deliberada no presentar pruebas de descargo”.

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Por su parte, el exministro reaccionó a través de redes sociales al asegurar que se le negó su derecho a la defensa y presentación de pruebas de descargo.

“Denuncio la nulidad de todo lo actuado y exijo el respeto al debido proceso”, posteó Zapata y comentó que el informe aprobado en la comisión “carece de validez jurídica”.

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Señaló que en el propio informe se indica que “se notificó a un correo distinto de aquel que la propia institución registró en el Sistema de Gestión Documental de la Asamblea Nacional”, indicó en un comunicado.

Ahora el informe pasará a análisis de los 137 asambleístas del pleno de la Asamblea Nacional, para que resuelvan la situación del exministro.

Debido a que Zapata no es funcionario público si su juicio prospera y se reúnen los votos necesarios, él podría ser censurado de ocupar un cargo en el sector público por dos años. (I)


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