El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres Maldonado presentó una denuncia penal por fraude procesal en contra del movimiento Construye, lista 25.

La acción penal fue presentada, este 11 de junio, ante la Fiscalía General del Estado por el juez que procesó la causa n.º 051-2024-TCE por infracción electoral relacionada con el financiamiento a la política interpuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó que la mencionada organización no presentó su informe económico financiero del 2022, como lo determina el numeral 1 del artículo 281 del Código Orgánico de la Democracia.

El juez Ángel Torres al procesar la causa canceló del registro permanente de organizaciones políticas al movimiento Construye, lista 25, por no presentar el informe económico financiero del ejercicio fiscal de 2022. Además aplicó suspensión de derechos y una multa al representante legal, Iván Raúl González Vásconez. La causa está en proceso de apelación.

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“Una vez que Construye fue citado con la denuncia del CNE, cuando contestaron el representante legal, con su abogada, afirmaron no haber recibido recursos públicos ni recursos privados y lo propio manifestaron en la audiencia pública de pruebas y de alegatos, pretendiendo que no tenían obligación... dijeron que como no habían tenido ingresos no tenían que presentar este informe”, indicó.

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Torres contó que pidió al CNE copias certificadas del informe que presentó Construye, el 26 de febrero de 2024, dos días después de haber presentado la denuncia en el CNE, y explicó que en este declara haber recibido la suma de $ 5.000 y pone en evidencia que ocultaron información al juez y a la ciudadanía al decir que no tuvieron ingreso alguno en el ejercicio económico 2022, lo que incurre en el delito de fraude procesal.

Hasta los exteriores de la FGE llegaron algunos legisladores de Construye a protestar en contra de la denuncia, como Jorge Peñafiel, Jorge Chamba, Paul Buestán y Viviana Zambrano, acompañados de sus asesores.

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La organización política de la lista 25 alegó en su defensa que no presentó el informe económico porque no contaba con recursos económicos para ello. No obstante, el argumento ahondó las dudas en el juez Torres, en cuyo fallo resolvió enviar el expediente a la Fiscalía General para que investigue posibles anomalías.

Este 11 de junio, el juez Torres presentó la denuncia por fraude procesal porque dice poseer la prueba de que el movimiento Construye tenía el informe económico financiero pero no lo presentó, lo cual incurriría en fraude procesal tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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El artículo 272 del COIP, sobre fraude procesal, señala: “La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos. (I)