La Procuraduría arranca con un nuevo modelo de gestión desde el 1 de enero

La mañana de este martes 23 de noviembre, la Procuraduría General del Estado presentó un nuevo modelo de gestión que busca optimizar procesos, capacitar personal, disminuir la conflictividad y ahorrar recursos.

El modelo fue desarrollado con un préstamo de $ 5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su implementación está prevista desde el 2019 hasta el 2023.

En el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso firmó el acuerdo para la implementación de este nuevo modelo de gestión denominado Procuraduría del Futuro, que se realizó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El procurador Íñigo Salvador explicó que se trata de dotar a la Procuraduría de las herramientas cualitativas y cuantitativas para que gane el mayor número de juicios posibles, pero que lo haga con el menor número de juicios posibles, “en otras palabras, que el Estado reciba el menor número de demandas y que, de ellas, gane las más”.

“Existe la necesidad apremiante del Estado ecuatoriano de evitar que Ecuador malgaste recursos en costosos litigios en los que tiene iguales probabilidades de ganar o perder”, dijo Salvador.

La Procuraduría ha intervenido representando al Estado en más de 102.000 procesos judiciales en sede nacional, 34 procesos internacionales y 291 procesos ante los sistemas universal e interamericano de derechos humanos; y ha evitado el pago de $ 14.000 millones en los últimos tres años.

En el ámbito de la recuperación, la Procuraduría ha recuperado en los últimos dos años $ 2 millones en bienes muebles e inmuebles, que deberán ser monetizados a través de remates. Esta actividad requiere ser reforzada a través de la cooperación penal internacional para recuperar dineros producto de actos corruptos.

Además, sobre la representación en juicio, Salvador agregó que el pasivo contingente actual asciende a por lo menos $ 57.000 millones, y si Ecuador llegase a perder todos esos procesos, este monto se convertiría en un pasivo efectivo.

El modelo prevé una sólida plataforma tecnológica, un sistema nacional de defensa jurídica del Estado, la capacitación permanente de funcionarios con una escuela de procuradores y un cuerpo de procuradores del Estado descentralizado para disminuir la conflictividad del Estado, reducir el riesgo fiscal e incrementar la seguridad jurídica y la cultura de paz.

Entre las reformas institucionales, el procurador mencionó que se creará una Dirección Nacional de Ejecución de Sentencias y Repetición, órgano “importantísimo” en la lucha contra la corrupción.

Salvador explicó que el Estado gasta en defensa jurídica $ 220 millones al año, y la implementación del nuevo modelo ascenderá a $ 6 millones al año. Con la implementación del modelo se esperaría un ahorro de mínimo $ 570 millones al año.

Juan Carlos de la Hoz, representante del BID en Ecuador, manifestó que el fortalecimiento institucional y la capacidad de tener sostenibilidad fiscal es un gran pilar de la visión 2025 que tiene este organismo en la región, y allí entra el programa de fortalecimiento de la Procuraduría.

Dentro de esta visión, De la Hoz señala que existen algunos temas críticos y que están dentro del mandato del Banco: reducir la conflictividad de las demandas, lo que logrará un mejor uso de los recursos públicos y fortalecerá la seguridad jurídica.

“Todos estos temas son supremamente importantes de cara a la transparencia hacia los ciudadanos y, además, como un mensaje de seguridad jurídica hacia los inversores”, agregó.

Lasso expresó que la Procuraduría cuenta con el respaldo de la Presidencia y agradeció al BID por su contribución a la iniciativa. “Nuestro Gobierno tiene como prioridad fortalecer las instituciones públicas y capacitar a los funcionarios para brindar mejores servicios”, dijo.

El acto contó con la presencia de autoridades seccionales y otros ministros de Estado. (I)