Una acción privada a través de una querella por calumnia, una acción contravencional por injurias o una acción civil por daño moral son las opciones que mantienen la fiscal general, Diana Salazar, y su defensa para responder a lo que ella califica como “infamias que ha tenido que tolerar” de parte de quienes la han acusado de que existe plagio en la tesis de grado con la que obtuvo su diploma como abogada en 2005.

La decisión de cuál de las opciones se tomaría y contra quién iría la acción se definiría la próxima semana, cuando retorne al país la fiscal general, advirtió Paúl Ocaña, abogado de Salazar. Al momento la líder de la Fiscalía General del Ecuador estaría en Madrid, España, participando de la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

Universidad Central concluyó que Diana Salazar sí elaboró e investigó su tesis de grado

Las opciones empiezan a barajarse una vez que el pleno del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE) revisó el informe elaborado por la Comisión de Auditoría Académica conformada para analizar la denuncia de supuesto plagio hecha por la organización Acción Jurídica Popular, de la cual es parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual.

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La resolución del Consejo Universitario determina que “la exestudiante Lady Diana Salazar Méndez es la persona que sin duda alguna elaboró e investigó el tema expuesto en la tesis y finalmente es la persona que defiende en grado oral su trabajo de investigación realizado; en consecuencia, es la autora de ese trabajo. Admitida la autoría por los examinadores en su momento, no cabe poner en duda la veracidad”. Ese fue el pronunciamiento unánime de los 48 integrantes del Consejo Universitario con el que se desestimó la pretensión de Acción Jurídica.

Los denunciantes creen que se le debe revocar a Salazar el título de Doctora en Jurisprudencia, pues su tesis, aunque fue calificada 9/10, tendría “más del 40 % de plagio”.

Lo decidido por la UCE fue dado a conocer tras una reunión de ocho horas en la que se analizó el informe que entregaron los integrantes de la Comisión de Auditoría Académica, conformada por César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho que preside la Comisión Académica; Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho; y Jaime Canseco, docente titular de la carrera de Derecho.

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Pese a que dentro de la decisión académica por un lado se sostiene que la autoría de la tesis analizada es de Diana Salazar, por otro se reconoce que existe “impericia” en la citación de autores que consultó para su trabajo académico.

Este punto ha sido criticado por integrantes del colectivo Acción Jurídica. “Dicen que cometió impericia la fiscal Diana Salazar porque no sabía citar y no le enseñaron a hacerlo. Solamente aquí en la Universidad Central al plagio le llaman impericia”, mencionó Priscila Schettini al tiempo de anticipar que pedirán a la Universidad Central el acta de la sesión, pues es información pública.

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Diana Salazar en un comunicado público apuntó que ha tomado la decisión de actuar también por la vía legal. ”No permitiré que nadie, y menos unos cuantos sentenciados por delitos execrables y sus allegados, intenten dañar mi buen nombre”.

Ante la posibilidad de una acción judicial contra Acción Jurídica o quienes han impulsado la denuncia de supuesto plagio, el colectivo respondió en Twitter: “Demande cualquier cosa, debería renunciar si tuviera un poco de vergüenza, Diana Salazar”.

Para Paúl Ocaña, existen todos los elementos para poder optar por cualquiera de las tres vías legales y será Diana Salazar quien tome la decisión final. “No vamos con odio ni revanchismo, sino vamos con objetividad en el tema. (...) Con el informe de la UCE se descarta el plagio al que se hace referencia desde el colectivo que impulsa la denuncia”.

Una nueva audiencia pública se hará en el Consejo de Participación Ciudadana para observar a la comisión académica que analiza la tesis de la fiscal Diana Salazar

Por otra parte, se anunció que una veeduría internacional de Transparencia Académica ha designado tres juristas para revisar con “rigurosidad y objetividad” la tesis, un artículo científico y un libro de la fiscal Diana Salazar. Quienes la integran son Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi. A partir de julio próximo estos “expertos en derecho” tendrían ocho semanas para entregar un informe con los hallazgos realizados en su análisis.

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Ocaña cree que se busca con estas “veedurías independientes” poner en duda lo resuelto por la Universidad Central, pues finalmente no fue la decisión que esperaban quienes denunciaron.

“La única autoridad competente que debe revisar este tema, que ya lo hizo y emitió un informe, es la UCE, instancia que ha sido clara. Estas veedurías internacionales no tienen ningún asidero jurídico ni tampoco ninguna relevancia dentro de lo que ya ha resuelto la Universidad Central”, sostuvo Ocaña, quien al tiempo aclaró que asumió la defensa de Diana Salazar como abogado en libre ejercicio y nada tiene que ver con el cargo de presidente del Colegio de Abogados de Pichincha que actualmente ostenta. (I)