Las personas mencionadas en la supuesta corrupción en las empresas públicas no tienen inversiones registradas a su nombre ni son accionistas

Aunque no dio nombres, el superintendente de Compañías de Valores y Seguros, Marco López, afirmó que siete de las diez compañías que son objeto de investigación sobre supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas poseen las mismas direcciones domiciliarias y representantes legales, y que fueron notificadas para que entreguen la información, cuyo plazo vence el 16 de febrero.

López fue convocado de manera virtual este 11 de febrero ante la Comisión de Justicia y Verdad del Parlamento para aportar en la investigación iniciada sobre el caso denominado El Gran Padrino, que se refiere a una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas.

Hasta la comisión también fueron llamados Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso; el exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, y Rubén Chérrez, pero no acudieron.

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Compareció Jairón Merchán, secretario de Planificación y Desarrollo, y su exposición fue muy rápida. Comentó que acudió el 1 de febrero a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre los hechos, en la que ratificó que no conoce nada referente a lo que se investiga.

Marco López, superintendente de Compañías, compareció también y pidió a la mesa de investigación que se declare la comparecencia de carácter reservado; pero los legisladores no aceptaron, porque es un proceso de fiscalización política y la información que debe proporcionar no afecta a la seguridad del Estado.

El Superintendente de Compañías afirmó que, según las primeras investigaciones en el mercado de valores, las personas que han sido mencionadas en la denuncia de supuesta corrupción en las empresas públicas no tienen inversiones registradas a sus nombres, y en el sistema de seguros privados las personas mencionadas no forman ni son accionistas de compañías de seguros o reaseguros; todas esas personas jurídicas y naturales mecionadas en el caso El Gran Padrino no tienen inversiones locales a su nombre y tampoco estan registrados sus nombres en los paquetes accionarios.

En veinte días que lleva la investigación del caso, según el funcionario, se ha realizado un control cruzado en prevención de lavado de activos, control societario, paneo y levantamiento de información de la Intendencia de Mercado de Valores, que respondió catorce requerimientos de asambleístas, tres de Fiscalía General del Estado, cuatro actos de oficio que abarcan el seguimiento societario a más de 50 actores entre personas jurídicas, personas naturales, patrimonios autónomos y fideicomisos mercantiles, tres procesos administrativos sancionatorios culminados que se iniciaron en diciembre de 2022, sin perjuicio de lo que está en curso.

Comentó que el 9 de enero, cuando se hizo pública la supuesta trama de corrupción dentro de las empresas públicas, caso denominado El Gran Padrino, se procedió a realizar un levantamiento de todo tipo de información. Varias de ellas ya habían sido sancionadas por falta de entrega de información financiera.

De momento se evacúa un segundo informe que analiza a 21 personas naturales y se lleva adelante un sinnúmero de peticiones in situ. Además, concluyeron tres procesos sancionadores que se iniciaron en diciembre de 2022 a tres compañías.

Con base en la certificación de la secretaría general de la Superintendencia de Compañías, Marco López afirmó que “no consta una sola denuncia contra alguna de las compañías vinculadas o los representantes legales de estas; nadie ha hecho una denuncia en contra de esas compañías o personas naturales que están vinculadas a este caso denominado El Gran Padrino”.

Respecto a los resultados de la inspección a las diez compañías sobre las cuales se difundió información relacionada con la supuesta corrupción, esta arrojó dos informes. La máxima autoridad de la Superintendencia dijo que de oficio se hizo un paneo de compañías y de personas naturales a fin de determinar el grado de participación, y que llama la atención cómo siete de las diez compañías comparten el mismo domicilio; y que, luego de la inspección, se estableció que se desconoce la compañía y al representante legal, y de momento se ha notificado y se concedieron cinco días término para que realicen los descargos propios sobre las observaciones, cuyo plazo vence del 16 de febrero; además se ha observado el certificado de incumplimiento. (I)