La jueza Mercedes Caicedo, integrante del tribunal que dictó sentencia a los implicados en el denominado caso Metástasis, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tras haber sido víctima de amenazas e intimidaciones. Caicedo aseguró que no renunciará a su cargo, que cumplirá con su juramento y continuará buscando justicia sin temor.

La magistrada de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) hizo pública su denuncia a través de la red social X, este 23 de abril de 2025. Explicó que, tras haber solicitado una licencia con cargo a vacaciones, estuvo ausente varios días de sus funciones, tiempo durante el cual reflexionó sobre su seguridad, ya que se encuentra en una situación de riesgo.

Relató que desde hace varios meses ha sido objeto de persecuciones, amenazas e intimidaciones por parte de personas desconocidas. Aunque inicialmente decidió ignorar estos hechos, afirmó: “Lo que no entendí como posible es que se acerquen a mi hogar”, lo cual la llevó a alzar la voz y tomar medidas.

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Decidió entonces reintegrarse a sus labores, presentar la denuncia correspondiente ante la FGE y adoptar las precauciones necesarias para resguardar su vida, su integridad y la de su familia. Agregó que continuará desempeñando sus funciones con convicción, y exhortó a las autoridades del Consejo de la Judicatura, del Ministerio de Gobierno y de la CNJ a velar por su seguridad.

Finalmente, expresó que seguirá cumpliendo con su juramento “hasta cuando Dios lo permita”, que mantiene su fe en Dios y que buscará justicia sin miedo. Aclaró que, actualmente, cuenta con resguardo de la Policía Nacional.

En el caso Metástasis, el tribunal conformado por Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza resolvió, de forma unánime, sentenciar a Xavier N. A., alias Novi o Novita, a diez años de prisión como líder de la estructura criminal. También condenó como colaboradores al expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la CNJ Wilman Terán (alias Diablo), al exdirector del SNAI Pablo Ramírez y a otras 17 personas, con penas que van desde los tres años y cuatro meses hasta los nueve años y cuatro meses de cárcel.

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Entre los colaboradores con agravantes -por haber sido servidores públicos al momento del delito- están Wilman Terán, Pablo Ramírez, los exjueces Ronald Xavier G. C., Johann Gustavo M. M. y Carlos Alfredo Z. N.; la exfiscal del Guayas María José A. C.; la perito policial Doris Soraya O. F.; los expolicías Armando Heriberto R. T., Ángel Danilo L. P., Fernando Andrés G. A. y Edinn Alexander I. C.; y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo A. B. A todos ellos se les impuso una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Otros cuatro acusados -calificados como colaboradores, pero que no ejercían cargos públicos- recibieron una condena de siete años de prisión. Se trata de la exguía penitenciaria Katherine Pilar G. A., el abogado Kevin Alexander P. V., el ciudadano Braulio Gabriel M. O. y el empresario Eduardo Alejandro R. P.

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Finalmente, tres personas también consideradas colaboradoras fueron sentenciadas a tres años y cuatro meses de cárcel, al aplicarse atenuantes. En este grupo están la excomisionada de Pacificación Claudia Milena G. P. (colombiana) y los abogados en libre ejercicio Sofía Nathaly G. M. y César Manuel A. (I)