La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cerró este 26 de julio la etapa de prueba del juicio político en contra del excontralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, acusado de incumplimiento de funciones por parte del legislador Juan Cristóbal Lloret (UNES).

El último en comparecer fue el acusado, quien acudió hasta el salón Lequerica de la Asamblea Nacional de manera presencial y permaneció custodiado por dos elementos de la Policía, en vista de que el exfuncionario está detenido en la cárcel 4 de Quito, tras una investigación abierta por la Fiscalía General del Estado por delincuencia organizada.

En la mañana, compareció el interpelante donde ratificó su solicitud de censura en contra del ex funcionario por falta de probidad en el ejercicio del cargo más alto de la Contraloría del Estado. Comentó que han convertido a la Contraloría en una organización planificada con la concurrencia de ciertos funcionarios para delinquir con el “emperador” a la cabeza, autodenominado contralor general del Estado subrogante, con la venia de ciertas autoridades que en su momento deberán rendir cuentas.

Por falta de probidad ratifican pedido de censura del excontralor del Estado, Pablo Celi

El excontralor Pablo Celi inició su exposición señalando que el proceso de juicio político carece de sustento; que se acomodan supuestas pruebas que justifiquen un pretendido incumplimiento de funciones; que las comparecencias se las ha viciado con apreciaciones conclusivas que destacan los falsos testimonios de sujetos sin calificación ética.

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Que las acusaciones confunden por parte de quienes buscan desacreditar no solo a Pablo Celi, sino a los procesos de control y al organismo técnico responsable del sistema de control público del país, reiteró.

Durante la comparecencia, Celi también aclaró que tiene una relación familiar lejana con Raúl De la Torre, ex funcionario de Petroecuador y procesado por delincuencia organizada, pero aseguró que jamás habló con él, que le separan aspectos y conductas éticas; que no hay nadie en el país que pueda decir con pruebas que solicitó favores y recursos para alguna decisión como Contralor subrogante.

Indicó que al presentar su renuncia a las funciones de contralor general del Estado subrogante lo hizo en salvaguardia de la integridad de los procesos institucionales de la Contraloría, ante condiciones que exceden su capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de la institución que han buscado con la arbitraria e injusta detención paralizar al organismo de control, bloqueando sus procesos, afectando su institucionalidad y empujando al organismo a una inestabilidad crítica.

Que hay intereses de sectores empeñados en desconocer y degradar su desempeño como contralor subrogante; que es claro el propósito de invalidar las acciones de control del uso de recursos públicos que se realizaron durante su gestión, de las que sin duda se sienten afectados por hallazgos y por responsabilidades que en muchos casos señalan a sus mentores, afirmó.

Respecto a la primera acusación, Celi indicó que, de forma insólita, se empieza cuestionando su condición de subrogante, y sin embargo, “se me llama a juicio político en esa condición”. Que en la comunicación de descargo presentó los fundamentos de legalidad y legitimidad para el ejercicio en la entidad de control.

Dijo que, con esta acusación, en la Asamblea Nacional le tocó enfrentar procesos y defender su designación como subrogación, a más de la acción de personal firmada por Carlos Pólit y luego con la ausencia definitiva de la autoridad. Además, dijo que recibió una comunicación del presidente de la Asamblea donde da cuenta de que se cumplió el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría respecto a la subrogación.

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Indicó que, al pasar por alto estos detalles, el interpelante desconoce la actuación del propio Legislativo respecto a la comunicación remitida desde la presidencia de ese organismo. Quien sí se arrogó funciones al intentar asaltar la conducción de la Contraloría fue Sabett Chamoun.

Cuestionó que, a pretexto de esta acusación y con el afán de escandalizar con testimonios hostiles, se llegó al extremo de convocar al pleno de la Comisión a personas descalificadas, en virtud de su desconocida indisposición y adversidad en su contra, brindándoles el espacio para que sus detracciones se presenten como supuestos testimonios probatorios en su contra, en un sainete decadente.

Lo más grave, añadió, es que se haya llamado como testigos a personas con sentencias ejecutoriadas, desconociendo procesos previos de instancias jurídicamente autónomas.

Una de las comparecencias acomodaticias y la más desvergonzada es la de Carlos Pólit, que fue juzgado y censurado por la propia Asamblea, que hoy se convierte en tribuna. “Señores asambleístas, un poco de pudor y coherencia con sus propias decisiones”, reclamó.

En torno a la firma del contrato HDC Producciones, cuyo representante legal es Daniel Salcedo, sentenciado por peculado, aclaró que no firmó el documento y que tampoco lo ordenó. Que el acuerdo de modificaciones del plan anual de contrataciones se realizó en las subcontralorías.

Respecto a la acusación sobre interferir las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que no hay supuesta interferencia, que son acciones de auditoría interna con apego a la ley, donde se determinó que los movimientos Justicia Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia y Compromiso Social no cumplieron con los compromisos legales establecidos en la Constitución y en el Código de la Democracia. Aclaró que la Contraloría no pretendió convertirse en un tribunal de alzada, sino que llevó adelante un proceso administrativo donde determinó responsabilidades.

Que ninguna de las acusaciones planteadas por el asambleísta tiene sustento de hecho ni de derecho; que sus actuaciones como autoridad de control se han dado con apego a la norma constitucional y legal; que no puede haber algo más forzado de incumplimiento de funciones a un contralor que ha cumplido con sus atribuciones. (I)